La atención al público en las oficinas del SEPE debe ser acorde con criterios territoriales de Sanidad, no unificada en todo el país

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO le ha solicitado al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y al Servicio Público de Empleo Estatal un retorno a las oficinas del SEPE escalonado y diferenciado por territorios, consecuente con las directrices que ha marcado el Ministerio de Sanidad para la vuelta a la actividad.

Tras el acuerdo suscrito por CSIF, CCOO y UGT por el cual se pretenden abrir las oficinas con atención presencial de forma homogénea el 1 de junio, desde FAC-USO se recalca “que en las actuales circunstancias, y siguiendo las recomendaciones para todos los ámbitos laborales, debe primarse al máximo el teletrabajo. Se ha demostrado eficiente a pesar de la sobrecarga y la opción más segura para preservar la salud de la plantilla”, destaca Luis Deleito, secretario general de la Federación.

En todo caso, “bajo ningún concepto deben abrirse las oficinas de los territorios que permanezcan en la fase 0 o 1 establecidas por Sanidad. Si la situación sanitaria de una u otra provincia marca el regreso de unas u otras actividades, el SEPE no puede ser una excepción e imponer una normativa única para todo el país”, razona Deleito.

Las oficinas del SEPE deben ser seguras para personal y público vulnerable antes de reabrir

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO también le ha pedido a los organismos competentes “que la apertura al público no se retome hasta que las oficinas no cuenten con las medidas de prevención y los protocolos de seguridad pertinentes, estableciendo además una atención especial tanto para los trabajadores que son de riesgo como para los ciudadanos que acudan a las sedes y también lo sean”.

Por último, Luis Deleito llama a la reflexión sobre la pertinencia de retomar la atención presencial “cuando aún no se ha solventado el atasco de los ERTE. Ahora mismo, sin menospreciar ninguna situación, resolver las prestaciones de estos miles de trabajadores es una emergencia social, y empezar a dedicar a parte de la escasa plantilla a las tareas ordinarias dificultará poner los expedientes al día”.