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USO pide revisar la eficacia de prestaciones como el IMV y el Complemento para la Infancia, que no llegan a sus potenciales perceptores

La pobreza en España sigue siendo una realidad palpable y creciente, a pesar de la puesta en marcha de algunos mecanismos para confrontarla, como el IMV o el CAPI; es decir, el Ingreso Mínimo Vital y el Complemento de Ayuda Para la Infancia.

En 2024, los indicadores que miden la pobreza en España han demostrado un avance positivo. Así lo refleja el 15º informe Estado de la Pobreza de la European Antipovert Network EAPN. En él, se visibiliza que la extensión de la pobreza disminuye, aunque no lo hace la intensidad, ya que tenemos un alto porcentaje de la población en pobreza severa y se ha presentado un incremento de la brecha de pobreza.

El crecimiento económico beneficia a las altas esferas. La realidad es que no tiene una incidencia positiva en la disminución de la pobreza. Vivimos, por lo tanto, en un contexto de desigualdad en el que los ingresos no son equitativos y, por ende, padecemos una marcada desigualdad económica. Esto nos deja claro que confiar la protección de la población a la regulación del mercado no es en absoluto viable.

Reducción de la pobreza desde 2020

Las tasas de pobreza han disminuido gracias a las políticas públicas y el sistema de protección social, que se ha fortalecido en los últimos años. Mediante las transferencias del Estado, se evita que 11,1 millones de personas en España entren en situación de pobreza. Es decir, la acción estatal ha permitido tener una tasa del 19,7 %. Si se careciera de esta intervención, la tasa de pobreza podría alcanzar a más del 40 % de la población.

La reducción de la pobreza se vio fortalecida en 2020, cuando se desplegó el llamado “escudo social”. El año del covid fue también el año en el que la pobreza se redujo en 9,5 puntos porcentuales. Sin embargo, este efecto reductor se ha ido debilitando, hasta llegar a los 6,3 puntos porcentuales en 2024. Esto nos demuestra que fortalecer las políticas sociales es fundamental para paliar los efectos de la desigualdad estructural.

Hasta ahora, los esfuerzos han sido insuficientes: España sigue ocupando el quinto lugar en la Unión Europea en carencia material y social severa, con un 8,3 % conforme a los datos de la EAPN. Este porcentaje es superior en 1,9 puntos porcentuales respecto de la media europea, la cual se sitúa en el 6,7 %.

Además, la EAPN destaca en su informe que el estado del bienestar español tiene un impacto menor en la reducción de la pobreza respecto a otros países europeos. Resalta que Francia e Irlanda, que partieron de igualdad de condiciones que España, han logrado tasas de pobreza real más bajas, debido a la incorporación de políticas públicas con un mayor efecto redistributivo. Similar tirón de orejas se lleva España con la ineficacia de sus políticas específicas contra la pobreza infantil.

Urge revisar el IMV y el CAPI

Esto nos deja claro que existen medidas, pero no son eficaces. En ese sentido, resulta esencial revisar las políticas sociales integralmente, tanto en su fondo como en su forma. Por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital, medida fundamental para combatir la pobreza y la desigualdad, solo llega a la mitad de sus potenciales perceptores.

De acuerdo con la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de España 2024, del Consejo Económico y Social, el pasado año creció un 26,7 % en su cobertura. Sin embargo, solo el 56 % de los hogares elegibles para ser beneficiarios de esta prestación acceden efectivamente a ella.

En ese mismo sentido, únicamente el 27 % de las familias elegibles para el Complemento de Ayuda Para la Infancia CAPI consiguen acceder a él. Es decir, el 73 % de las familias que podrían beneficiarse de este complemento no lo hacen.

Dentro de las causas que ayudan a comprender esta situación, se encuentran la falta de información sobre estas prestaciones sociales, el desconocimiento de la población del lenguaje administrativo, la brecha digital, el temor al reintegro por pagos indebidos e incluso la propia situación de la plantilla que lo gestiona.

Burocracia inasumible

Además, de encontrar una alta litigiosidad y problemas en la gestión de esta ayuda a la infancia, aproximadamente el 10 % de las solicitudes generan reclamaciones previas. Por su parte, los litigios han aumentado casi un 50 % en 2024.

Aunado a ello, los reintegros por cobros indebidos presentan una excesiva dilación, tardando una media de 10 meses en realizar el requerimiento de reintegro. Estas situaciones evidencian un funcionamiento administrativo deficiente, poco accesible para la población y poco sensible con ella. Es inconcebible que tarden tanto tiempo en solicitar un reintegro a una persona que se encuentra en una situación de fragilidad económica.

Estas gestiones están produciendo un efecto adverso en personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social. Una persona que solicita el Ingreso Mínimo Vital lo hace por carecer de capacidad económica. Si, una vez acreditado que no cumple con los requisitos para acceder, se le solicita la devolución tras 10 meses percibiéndolo, lo que debía ser un sustento se convierte en una deuda inafrontable. Es la Administración quien debe asegurarse de que se cumplen los requisitos antes de conceder la ayuda, no un año después.

Desde USO, consideramos que es urgente revisar el escudo social y su gestión; realizar una evaluación minuciosa de las políticas sociales emprendidas y hacer los ajustes necesarios para su fortalecimiento. Esto, además de garantizar que la burocracia y las trabas administrativas no impacten negativamente en el acceso a las prestaciones.

Necesitamos políticas integrales, inclusivas y con enfoque de género que redistribuyan los recursos económicos y garanticen el acceso a una vida digna de todas las personas.