, , Acción Sindical

USO defiende que la vuelta progresiva a la nueva normalidad abre una oportunidad para el retorno a la actividad de miles de trabajadores de seguridad privada afectados por ERTE

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales FTSP-USO, FeSMC-UGT y Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CCOO), y la organización patronal APROSER, han hecho público un manifiesto para reivindicar el sector de la seguridad privada en la vuelta a la nueva normalidad. Igualmente, han manifestado su reconocimiento a la labor de los miles de vigilantes de seguridad privada que han realizado una encomiable labor desde la declaración del estado de alarma, que ha contribuido, al igual que otros servicios esenciales, a preservar la seguridad de los ciudadanos.

El decreto de estado de alarma ha generado un incremento puntual de servicios en ciertos ámbitos (abastecimiento de alimentos o centros hospitalarios, entre otros) que, sin embargo, no ha podido ni podrá compensar a corto plazo un importante descenso en la demanda de los servicios tradicionales de seguridad privada.

El país inicia en estos días un difícil proceso de vuelta a la actividad, en el que, entre otras medidas, las medidas de distanciamiento de la población y la inevitable reducción de los aforos, suponen un nuevo reto para volver a demostrar a la sociedad el valor añadido de los profesionales de la seguridad privada en este nuevo contexto, siempre al amparo de las funciones que la ley les atribuye expresamente.

La vuelta a la nueva normalidad, una oportunidad para la seguridad privada

En el contexto de vuelta progresiva a la nueva normalidad, se abre una oportunidad para el sector de la seguridad privada que estaría capacitada para:

  • Controles de temperatura y actividades añadidas en el control de acceso. De acuerdo con los parámetros que puedan establecer las autoridades sanitarias, la toma de temperatura así como otras que se consideren necesarias podrían incorporarse a las labores de control de acceso, públicos o privados. Esta actividad deberá llevarse a cabo con las máximas garantías de protección de los trabajadores, garantizando también la privacidad de los usuarios.
  • Limitación de accesos o distanciamiento. Es decir, extrapolar a los espacios donde sea posible legal y organizativamente, dentro de los estrictos principios marcados por el artículo 41 de la Ley de Seguridad Privada, las exitosas experiencias sobre limitación de accesos o distanciamiento entre usuarios llevadas a cabo en las redes de infraestructuras de transporte o en los supermercados. Existen diversos entornos como playas, parques y zonas de esparcimiento en los que es factible que las autoridades autoricen servicios complementarios de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos un retorno más seguro a la plena actividad.
  • Reforzar sistemas de protección en nuevos servicios. Desempeñar nuevos servicios en sectores especialmente afectados por la crisis sanitaria y que precisen un reforzamiento y mayor visibilidad de sus sistemas de protección, como podría suceder en el sector turístico, en el de centros culturales y deportivos o en el de la hostelería.

Este incremento de empleabilidad, al margen del evidente incremento de seguridad para los ciudadanos, podría permitir el retorno al empleo de miles de trabajadores del sector actualmente afectados por ERTE,  ya que estas nuevas actividades supondrían un refuerzo imprescindible para mantener el nivel de empleo anterior a la declaración del estado de alarma.

Apoyo a la seguridad privada

Por todo ello, el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada solicita que las autoridades públicas realicen los esfuerzos necesarios para facilitar que el potencial del sector de la seguridad privada pueda desplegarse con mayor alcance y eficacia en este nuevo período de vuelta a la normalidad.

Solicita también que se tomen todas las medidas necesarias que permitan al sector ofrecer a la sociedad los servicios de seguridad que este momento requiere, y que contribuyan a impedir los cuestionamientos negativistas de ciertas organizaciones que están poniendo en duda la idoneidad de los vigilantes de seguridad para llevar a cabo nuevas funciones. De ser así, no solo no se facilitaría el mantenimiento del nivel de empleo de los profesionales del sector de la seguridad privada sino que, además, se dificultaría su retorno al mundo laboral en actividades que, sin duda, acabarían siendo desarrolladas con menores garantías de éxito y por personal menos regulado, preparado y cualificado que el del sector.