Notas de prensa

  • El TJUE vuelve a tirar de las orejas a España por los abusos en las interinidades

  • La ley tramitada de urgencia para cumplir con Europa nació coja y ni siquiera en esos términos se ha cumplido

  • Lejos de descender, la temporalidad en la Administración ha subido en los últimos años

  • La sentencia abre la puerta a su aplicación directa por parte del TSJ de Madrid y a un colapso judicial por nuevas demandas

El TJUE da un nuevo varapalo a España e insta, mediante una nueva sentencia, a hacer fijos a los interinos de larga duración. En ella, da respuesta a una cuestión prejudicial planteada desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y afea que España no ha tomado las medidas necesarias para prevenir y sancionar el abuso de este tipo de contratación.

“La ley de reducción de temporalidad que España aprobó de urgencia en los últimos días de 2021 para cumplir con las obligaciones de cara a los Fondos Next Generation se quedó en eso, en una aprobación de urgencia. Ya denunciamos en su día el redactado chapucero para llegar a tiempo, así como sus incongruencias. Por ejemplo, una reforma solapada del Trebep que trataba de dar cobertura legal a quienes siguieran siendo interinos por no cubrirse un concurso convocado o que se estabilizara a personal que llevara 5 años en el puesto, con un doble rasero de duración para el sector privado y el público”, denuncia Javier Toro, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO).

Con todo, “no solo fue apresurada y chapucera, sino que no se ha cumplido. La mayoría de procesos de estabilización no se han ejecutado y la temporalidad en el sector público, lejos de descender, ha crecido. De hecho, duplica a la temporalidad en el sector privado y está en torno al 30 %. La Administración es, con diferencia, el peor empleador de España y el menos perseguido por ello, con unas 800.000 personas en esta situación, según sus propios datos”, acusa Toro.

Esta nueva sentencia europea, no obstante, no supone una legislación automática en España. Acusa al país de no disponer de la normativa nacional que la ataje y que cumpla con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada y considera que una opción es convertir esos contratos en fraude de ley en fijos de forma automática.

“Deja la pelota en el tejado de España, como Estado soberano, de cómo articularlo en el Derecho nacional, pero la obliga a cumplir con el Acuerdo Marco para rebajar de una vez la temporalidad y el abuso en el sector público. Desde USO, exigimos que así sea, que se legisle de una vez. Porque ya tienen las herramientas, no es un tema que pille de nuevas a la Administración y a las inútiles mesas de negociación de Función Pública, que han dejado pasar una tras otra las oportunidades de atajar la precariedad de los trabajadores públicos y conseguir la estabilidad de las plantillas”, recuerda Javier Toro.
Además, la sentencia reitera que España “no puede deshacerse de trabajadores que ha tenido en fraude con 20 días por año trabajado. Una indemnización irrisoria e injusta para personas que han sufrido la ineptitud de la propia Administración”.

Por último, FAC-USO recuerda que “acometer por fin este tema con una legislación eficaz liberaría a los juzgados de los cientos de demandas aún no tramitadas. En USO estamos a la espera de decenas de sentencias en diferentes territorios y con Administraciones de todos los ámbitos territoriales. Y, de hecho, ya hemos conseguido varias que se han pronunciado en el sentido de dar la fijeza a trabajadores que estaban contratados en flagrante fraude de ley. Pero, además, esta sentencia faculta al TSJM a aplicar su dictado en esta y en todas las causas pendientes, lo que puede provocar una nueva cascada de demandas que pidan una aplicación en los mismos términos y, por lo tanto, un nuevo colapso judicial”.

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