16 entidades de la sociedad civil, entre las que se encuentra USO, piden al Consejo de Estado que no dé luz verde al Anteproyecto de Ley de Residuos, por ignorar la alarmante situación de la gestión de los residuos en España

El Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que debe transponer en este 2021 las directivas europeas de residuos, está, en la actualidad, pendiente de emisión de dictamen preceptivo por parte del Consejo de Estado.

El texto propuesto es poco ambicioso e ineficaz, por lo que las 16 entidades estatales que denunciaron hace un mes a España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de los objetivos de reciclaje y reutilización de 2020, alertan sobre la posibilidad de futuros incumplimientos de las directivas europeas si la ley no es más transformadora.

Este grupo de entidades han obtenido audiencia ante el Consejo de Estado para formular alegaciones a la citada propuesta legislativa y han pedido de manera unísona a la institución que emita un dictamen desfavorable al Anteproyecto de Ley de Residuos.

La futura Ley de Residuos ignora el incumplimiento de los objetivos de reciclaje

El principal argumento de las organizaciones es que la transposición de las directivas de residuos debe hacerse partiendo de la realidad de incumplimiento generalizado de los objetivos de reciclaje en España. Solo así se podrán adoptar medidas reales y efectivas, como las recomendadas reiteradamente por la Comisión Europea.

“Se debe de partir de un correcto análisis de la situación preexistente y no ocultar la realidad en la que nos encontramos en materia de residuos si queremos que se apruebe una Ley de Residuos que promueva la prevención, la reutilización y el reciclaje de alta calidad y consiga que España deje de quemar y enterrar el 60% de sus residuos domésticos”, han expresado las entidades en sus alegaciones.

Los datos son abrumadores. España no ha alcanzado el objetivo del 50% de reciclaje para antes del año 2020 establecido por la Directiva Marco de Residuos de 2008. Es más, el dato de reciclaje estimado por Eurostat para el año 2019 fue de un 34,7%, una décima por debajo del dato reportado para 2018, consolidando una tendencia a la baja desde 2017.

“Si el Anteproyecto de Ley de Residuos ignora esta realidad de partida, la norma que impulse el Congreso será improductiva desde el mismo momento en que se apruebe”, denuncian las entidades.

Medidas esenciales olvidadas en la propuesta legislativa

Las organizaciones apuntan también que son muchas las medidas esenciales que el Ejecutivo ha obviado en su propuesta. Entre ellas:

  • la creación de un sistema de recogida selectiva obligatoria de biorresiduos antes de 2023;
  • la introducción de un régimen fiscal armonizado y finalista sobre la eliminación de residuos;
  • el fomento de incentivos económicos y sistemas de depósito, devolución y retorno de productos para su reutilización o para su reciclaje de alta calidad, y
  • el desarrollo de medidas para asegurar la responsabilidad ampliada del productor.

Todas estas son medidas sugeridas o recomendadas por las directivas europeas o por la Comisión Europea.

El Anteproyecto de Ley de Residuos no sólo ignora la actual situación de incumplimiento sino que además ni recoge medidas esenciales puestas en marcha en otros países europeos que ya tienen mejores resultados en la gestión de los residuos. Tampoco impide que se perpetúen situaciones de monopolio como las que vivimos en determinados flujos de residuos al permitir la existencia de un solo Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) como ocurre, por ejemplo, con Ecoembes en el caso de los envases ligeros, o Ecovidrio, en el caso de los envases de vidrio.