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USO muestra su firme apoyo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y reclama la revisión constitucional de la sentencia sobre ella del Tribunal Supremo

La sentencia del 14 de abril de 2026 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo limita las funciones de la Inspección de Trabajo y puede sentar un precedente muy peligroso en cuanto a vaciarla de medios efectivos de actuación.

Tras esta sentencia, desde USO queremos manifestar nuestro más firme apoyo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya función resulta esencial para garantizar la efectividad de la normativa laboral y la protección de derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la salud en el trabajo.

La interpretación fijada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo supone una restricción de gran alcance que puede limitar de forma efectiva las potestades de actuación de la ITSS cuando el centro de trabajo coincide con el domicilio social de la empresa. Asimismo, introduce una carga adicional en el desarrollo de su actividad inspectora que afectará directamente a su operatividad; y, en consecuencia, debilitará su capacidad real de protección de los derechos de las personas trabajadoras.

Por ello, consideramos imprescindible que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la adecuación de la sentencia a la Constitución. Y, para ello, instamos a la Abogacía del Estado, al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo a promover su impugnación ante el Tribunal Constitucional y a agotar todas las vías jurídicas disponibles.

Qué dice la sentencia y cómo contrasta con la Ley de Inspección

La sentencia establece que la Inspección de Trabajo no puede acceder a un centro de trabajo cuando este coincida con el domicilio social de la empresa sin consentimiento del titular o autorización judicial previa, puesto que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental recogido en el art. 18.2 de la Constitución Española.

En este sentido, la resolución se expresa en los siguientes términos literales, con vocación general:

“NOVENO.- A la vista de cuanto queda expuesto, la respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo es que la mera entrada, aun sin registro ni intervención de archivos físicos o informáticos, en un espacio que es simultáneamente domicilio social de una persona jurídica y centro de trabajo de la empresa requiere de autorización judicial previa. La única excepción podría venir dada, una vez valoradas las específicas circunstancias de cada caso, cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera para el cumplimiento de sus funciones legalmente previstas”.

Esta doctrina se sitúa en tensión directa con el artículo 13.1 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En ella, se reconoce a los inspectores el carácter de autoridad pública y los habilita para entrar libremente y sin previo aviso en los centros de trabajo. La única excepción es la exigencia de autorización judicial solo cuando el centro coincida con el domicilio de una persona física; es decir, con una vivienda.

Contraste con el marco de la OIT

Asimismo, resulta necesario contrastar el fallo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el Convenio nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo (1947), del que España forma parte.

Dicho convenio establece un modelo de inspección laboral basado en facultades amplias de acceso, comprobación e investigación en los centros de trabajo. Su objetivo es garantizar la eficacia del control del cumplimiento de la normativa laboral. En particular, reconoce la posibilidad de entrada libre en establecimientos sujetos a inspección sin previa notificación, así como la realización de todas las actuaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la legislación aplicable.

La restricción introducida por la sentencia se aparta de este estándar internacional de protección y del propio artículo 13.1 de la LOITSS, sin una justificación suficientemente desarrollada ni una ponderación expresa de los bienes jurídicos en conflicto.

Funciones de Inspección de Trabajo vs Hacienda

El problema central de la resolución no reside únicamente en su resultado, sino en su fundamentación. La sentencia introduce una limitación relevante de potestades legales sin un desarrollo argumental suficiente ni una ponderación completa de los intereses en conflicto.

La sentencia aplica de forma automática a la ITSS la doctrina relativa a la necesidad de autorización judicial previa en los supuestos en los que la Inspección de Hacienda pretende acceder a despachos o domicilios de empresas y el titular no autoriza la entrada.

Sin embargo, esta equiparación no resulta pertinente. La Inspección Tributaria se orienta fundamentalmente a la protección del Erario Público, mientras que la Inspección de Trabajo actúa directamente sobre la garantía de derechos fundamentales de las personas trabajadoras, en ámbitos especialmente sensibles, como la prevención de riesgos laborales, la investigación de accidentes de trabajo, la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, la detección de situaciones de acoso en el entorno laboral o el control de condiciones de trabajo que pueden afectar a la vida, la integridad física o la dignidad de las personas trabajadoras.

En el ámbito laboral, no están en juego únicamente obligaciones de carácter económico, sino bienes jurídicos y derechos fundamentales de la máxima relevancia constitucional, como la vida, la salud en el trabajo, la integridad física, la dignidad profesional y la prevención de riesgos graves. Esta diferencia material impide una traslación automática de criterios restrictivos propios del ámbito tributario.

Por ello, la aplicación sin matices de ese esquema, sin valorar que, además de la inviolabilidad del domicilio, existen otros derechos fundamentales en juego, supone desconocer la naturaleza específica de la función inspectora laboral y puede debilitar de forma significativa su eficacia, sin ponderar los derechos fundamentales en conflicto, teniendo en cuenta que, además, ningún derecho fundamental es absoluto.

Posible extralimitación constitucional del Supremo

A esta situación se añade el hecho de que el Tribunal Supremo condiciona la aplicación del artículo 13.1 de la LOITSS —norma con rango de ley— sin plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, tal y como exige el artículo 163 de la Constitución Española y los artículos 35 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, pese a la incidencia directa sobre derechos fundamentales.

Asimismo, la sentencia no realiza un análisis del Convenio nº 81 de la OIT, que forma parte del ordenamiento jurídico español conforme al artículo 96 de la Constitución.

Por ello, consideramos necesario que los sujetos legitimados para ello —Abogacía del Estado, Ministerio Fiscal y Defensor del Pueblo— promuevan la revisión de la resolución ante el Tribunal Constitucional, a fin de que sea este órgano quien determine, como intérprete supremo de la Constitución en materia de derechos fundamentales, la adecuación de la interpretación realizada por el Tribunal Supremo al texto constitucional y a los demás derechos fundamentales en conflicto.

USO defiende firmemente blindar la capacidad de Inspección de Trabajo

Desde USO, hemos defendido siempre la necesidad de dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de más medios humanos, técnicos y materiales. Sin una Inspección fuerte, no hay cumplimiento real de la normativa laboral ni protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras.

Y lo que ocurre ahora supone algo aún más grave: no es solo un problema de medios, sino una vuelta de tuerca que afecta directamente a su capacidad real de actuación. La sentencia del Tribunal Supremo introduce interpretaciones que pueden limitar su acceso y su intervención en los centros de trabajo, debilitando su función esencial de control.

Esto tiene un impacto directo en la realidad laboral: sin una Inspección con capacidad de actuación, los derechos laborales pierden eficacia real.

Por eso, desde USO lo decimos con claridad: no es un debate técnico, es un retroceso en la capacidad de la Inspección para cumplir su función.

Reivindicamos una Inspección de Trabajo fuerte, con medios suficientes, pero también con la máxima capacidad de actuación. Porque sin una Inspección de Trabajo fuerte, los derechos laborales no se garantizan.