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Incrementar la financiación para atender la dependencia es positivo, pero desde USO reclamamos una mejora de las condiciones laborales de las personas que cuidan

El BOE ha publicado el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que incrementa significativamente su financiación hasta los 5.513 millones de euros en 2026. Este aumento es histórico y pretende atender a las desigualdades históricas en materia de cuidados, así como reducir las condiciones de vulnerabilidad vinculadas a la edad, la discapacidad y el género.

“El aumento en la financiación del sistema de atención a la dependencia es un asunto de justicia social que va a impactar directamente en la calidad de vida de muchas personas. Llevamos muchos años pidiendo apoyos dignos para lograr la autonomía y garantizar el cuidado de las personas en situación de dependencia, hoy vemos un fortalecimiento sustancial”, señala Marisa Madrid, secretaria de Comunicación e Igualdad.

Personas trabajadoras en el sector de la dependencia y los cuidados

Este Real Decreto reconoce la importancia estratégica de la atención a la dependencia como uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y destaca que, en 2026, más de 1,6 millones de personas se han beneficiado de prestaciones o servicios del sistema.

El texto normativo pone de relieve el papel esencial que desempeñan las más de 500.000 personas trabajadoras que prestan servicios en el sector, de las que aproximadamente el 80% son mujeres. En ese sentido, se sostiene que el SAAD ha contribuido a la profesionalización y creación de empleo dentro del sector.

El presupuesto del SAAD ha experimentado un aumento sostenido en los últimos años. Entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de mayo de 2026, el número de personas con prestación efectiva ha crecido un 55,2%, lo que supone 598.576 personas más beneficiarias del sistema. En ese mismo periodo, la lista de espera para acceder al SAAD se ha reducido en torno a un 51,28 %.

La reducción de las listas de espera es una buena noticia, pero sigue siendo imprescindible acelerar la resolución de expedientes y garantizar que ninguna persona dependiente vea retrasado su acceso a prestaciones y servicios por falta de recursos o personal.

Nuevas cuantías para la dependencia

El Real Decreto establece un aumento sustancial de las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por el Estado para las personas beneficiarias, aplicables a partir del 1 de julio de 2026:

  • Grado III (Gran Dependencia): 660 euros mensuales.
  • Grado II (Dependencia Severa): 260 euros mensuales.
  • Grado I (Dependencia Moderada): 90 euros mensuales.
  • Nuevo Grado III+ (Dependencia extrema): 4.930 euros mensuales.

El gran desafío: dignificar las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 estima que será necesario incorporar entre 261.400 y 639.400 personas trabajadoras en el SAAD antes de 2030. El objetivo: responder al aumento de las necesidades de cuidados derivadas del envejecimiento de la población y de la ampliación de derechos en materia de autonomía personal y dependencia.

Esto se traduce, por tanto, en la creación de nuevos puestos de trabajo. Dentro del propio Real Decreto se reconoce la posibilidad de que esta situación pueda ser un “verdadero catalizador de transformación de nuestro modelo productivo hacia una economía más intensiva en cuidados, innovación y bienestar capaz de generar empleo de calidad”.

Este reto es mayúsculo y no debe quedar en buenas intenciones. Porque no podemos fortalecer un sistema de cuidados sin cuidar a quienes cuidan. Si bien es cierto, la financiación que este Real Decreto establece constituye un fortalecimiento sustancial en la atención a la dependencia, hace falta dignificar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector, en su gran mayoría, mujeres.

Las políticas públicas deben ser integrales y pensar sus efectos y necesidades integralmente. Esta estrategia de atención a la dependencia no se consolidará si no hay creación de empleo de calidad y estable; incremento de salarios y garantizar ael acceso a mejores condiciones laborales; profesionalización real y eliminación de barreras burocráticas para personas con formación y experiencia en otros países; incremento de plantillas; garantías laborales en las contrataciones y licitaciones públicas en materia de cuidados y atención a la dependencia, entre otros desafíos.

“La precarización de muchas personas trabajadoras del sector de atención a la dependencia en muchas ocasiones es propiciada por las propias Administraciones públicas, cuando realizan contrataciones a la baja a costa de derechos laborales de las trabajadoras, ya que es un sector abrumadoramente feminizado”, destaca Madrid.

Desde USO insistimos en que los cuidados deben ser una política de Estado integral, lo que exige que las instituciones públicas se coordinen y garanticen los derechos de todas las personas. Mientras las políticas de cuidados se centren únicamente en quienes los reciben, seguiremos dejando cabos sueltos y reforzando una tendencia utilitarista que privilegia los derechos de unas personas sobre otras.

El incremento de la financiación para la dependencia es un avance para el SAAD, pero solo a medias. El refuerzo del sistema será un éxito únicamente si los nuevos recursos públicos se traducen en más derechos tanto para las personas usuarias como para quienes lo sostienen con su trabajo diario. No habrá un sistema de cuidados sólido mientras persistan la precariedad laboral, los bajos salarios y la insuficiencia de plantillas.