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USO reclama respuesta institucional a la magnitud de un problema estructural como la violencia de género que trasciende las cifras

Las cifras que nos deja la violencia de género no nos pueden mantener quietos: 36 mujeres asesinadas; 3 menores asesinadas por violencia vicaria y 26 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad. Desde que existen registros, en 2003, son ya 1.377 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde 2013, los menores de edad huérfanos por violencia de género asciendes a 536 hijos e hijas en esta situación. Y también desde este mismo año, son 68 niños, niñas y adolescentes los que han sido privados de la vida a causa de la violencia de género.

Los datos son fríos y no debemos perder la capacidad de asombro ante las consecuencias de la violencia de género. ¿Por qué? Porque se trata de vidas que fueron arrancadas por agresores producto de un sistema patriarcal y no debemos caer en la dinámica tan solo contar asesinatos, sino que debemos tomar acciones que permitan atender integralmente la violencia contra las mujeres.  La violencia de género es un fenómeno estructural fundado en un sistema de desigualdades entre mujeres y hombres que se sostiene sobre la idea de la superioridad masculina.

“Estamos regresando del periodo vacacional, lo que para muchas mujeres es un periodo de relajación y desconexión, para muchas otras es un tiempo de tensión y violencia. Volvemos, pero no volvemos todas, nos faltan las mujeres asesinadas por violencia de género”, señala Marisa Madrid, secretaria de Comunicación e Igualdad.

Violencia de género, múltiples caras de una misma realidad

La violencia de género es muy compleja, no empieza ni termina con un asesinato sino que tiene muchas manifestaciones. Antes de llegar a un fatal desenlace, cada una de las mujeres asesinadas vivieron un sinfín de episodios de violencia: la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial y, en general, todas las formas de control de sus agresores sobre ella. Es, por tanto, una realidad que afecta a millones de mujeres en España y en el mundo, que también tiene consecuencias sobre sus hijos e hijas.

Por ello es que debemos estar alertas para saber identificar las señales de violencia oportunamente y poder apoyar a las mujeres que la sufren. La violencia machista no se limita a las agresiones físicas. El control, el aislamiento, la violencia psicológica y la dependencia económica pueden formar parte de un proceso de violencia que limita la autonomía de las mujeres y dificulta que puedan romper con la relación.

Reforzar las políticas públicas de prevención y atención a las víctimas

Desde USO consideramos imprescindible mantener y reforzar las políticas públicas de prevención y atención a las víctimas, garantizar recursos suficientes y accesibles y mejorar la coordinación entre los servicios sociales, sanitarios, judiciales, policiales y laborales.

La violencia de género no es un problema privado ni una sucesión de casos aislados. Es una vulneración de derechos humanos que tiene una dimensión estructural y que requiere una respuesta colectiva.

“Consideramos que hasta la fecha las respuestas institucionales que se han dado a la violencia de género son insuficientes. N no basta con convocar comités de crisis cuando se incrementa el número de asesinatos de mujeres por violencia de género en un lapso de tiempo determinado, necesitamos trabajar permanentemente por la seguridad, integridad y empoderamiento de las mujeres para que así puedan salir de esas situaciones de violencia”, reflexiona Madrid.

Por eso, USO exige garantías institucionales y actuaciones de los poderes públicos acordes a la magnitud de este fenómeno estructural. Es imprescindible contar con recursos institucionales que implican, no solo recursos materiales, sino también personal empático y formado efectivamente en prevención y atención a la violencia de género.

También es necesario que se cumpla la normativa y que se integre de manera efectiva la perspectiva de género interseccional. A día de hoy, siguen existiendo vacíos y dificultades institucionales que pueden generar incertidumbre y dejar desprotegidas a mujeres víctimas de violencias machistas.

Un ejemplo reciente es el caso de Franyel, mujer trans asesinada presuntamente por su pareja o las niñas recientemente violadas en Ceuta, casos que han puesto de manifiesto las dificultades que pueden existir para garantizar una respuesta adecuada frente a la violencia machista cuando concurren determinadas circunstancias administrativas o jurídicas. La protección efectiva de las mujeres debe estar garantizada también ante estas situaciones. Los derechos de las víctimas no pueden quedar condicionados por obstáculos administrativos, retrasos o dificultades en la aplicación de la normativa.

No podemos ni debemos normalizar las violencias machistas. No basta con reaccionar cuando llega el asesinato ni con limitarnos a contabilizar víctimas. Hay que actuar mucho antes. Porque detrás de cada asesinato hay una vida que pudo ser salvada.