Recientemente, USO se dirigió al presidente rotativo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Liu Jieyi, para reclamarle una solución justa al Territorio no Autónomo del Sáhara Occidental, que pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación, prometido por la Organización de las Naciones Unidas y acordado por las partes, Frente Polisario y Marruecos en 1991. Esa fue la razón por la cual fue creada la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).
En la carta expresamos nuestra consternación ante la sistemática violación a los Derechos Humanos de la población civil en el territorio del Sahara Occidental, tantas veces documentadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Relator de la ONU contra la Tortura y denunciadas por infinidad de organismos internacionales como Amnistía International, Human Rights Watch, el Centro R.F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos y otras organizaciones expertas en la materia.
“Frente a esta grave situación -continúa la carta-, el Consejo de Seguridad está llamado a mostrar una firme determinación, adoptando medidas para proteger la autoridad de la ONU y la credibilidad de su misión para la pacificación del Sáhara Occidental y para persuadir a la Monarquía de Marruecos a fin de que cumpla sus compromisos y coopere con honestidad en la MINURSO, contribuyendo así en la consolidación de un clima de estabilidad, seguridad y convivencia pacífica en la región, ya que la persistencia del conflicto prolonga una situación de injusticia para el pueblo saharaui y afecta seriamente la paz y la seguridad de la región y del mundo.”
Después de reclamar la libertad de los presos saharauis, USO expresa su preocupación por la suerte de los huelguistas de hambre, días antes de la muerte por esta causa de Brahim Saika, el pasado día 15 de abril.
La carta finaliza solicitando a ese Consejo de Seguridad incluir en su próxima resolución sobre el Sáhara Occidental la prórroga del mandato de la MINURSO, como asimismo la implementación de un mecanismo para que la Misión de las Naciones Unidas tenga competencia en la observancia, protección y monitorización de los derechos humanos de los ciudadanos saharauis, población autóctona de los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos.
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