De enero a agosto de 2018 se firmaron y registraron 746 convenios colectivos (549 de empresa y 197 de ámbito superior), que afectan a 1,8 millones de trabajadores. El ritmo de la negociación colectiva ha crecido un 6% con respecto al mismo periodo de 2017 y la supremacía de los convenios de empresa sigue al alza.
La variación salarial media pactada en los ocho primeros meses del año ha sido del 1,65%, lejos de la subida del IPC, que se situó en julio en el 2,2%. Las actividades artísticas ha sido el ámbito en el que se ha registrado la mayor subida salarial en convenio, con un 2,49%. En el lado opuesto, las industrias extractivas han experimentado el menor incremento salarial, con el 0,48%.
Tras conocer la última estadística de convenios, se ratifica la crónica devaluación salarial a pesar de la supremacía de los convenios de empresa que, según los defensores del cambio introducido en la reforma laboral de 2012, iba a facilitar la mejora de las condiciones laborales y el incremento salarial al negociar en ámbitos más concretos y cercanos a la toma decisiones. “Tampoco se percibe en la variación salarial media, el efecto del tan publicitado IV AENC, en el que se plantea una subida en torno a un 2% más un 1% variable en función de la productividad y de la situación de la empresa para cada año del acuerdo. Muy lejos de ser un punto de partida en la recuperación de lo perdido por los trabajadores y trabajadoras en estos años, lo pactado en estos primeros meses perpetua la pérdida de poder adquisitivo al no igualar, ni siquiera, la subida del IPC”, denuncia Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.
Por comunidades autónomas, Baleares, Madrid y País Vasco han registrado las mayores subidas salariales, con un 3,42%, el 2,19% y el 1,88%, respectivamente. Extremadura, Navarra y Canarias son los territorios donde las subidas salariales han sido las mas bajas, con el 1%, el 1,40% y el 1,44%, respectivamente.
En cuanto a las inaplicaciones de convenios, de enero a agosto de este año se han depositado 711, lo que supone un descenso del 6,69%, que afectan a 649 empresas y 12.398 trabajadores. El 85% de esas inaplicaciones se han producido en pequeñas empresas, que son las menos sindicalizadas, y el 60% se refieren a descuelgues en la cuantía salarial.
En los primeros años de aplicación de la reforma laboral, los “descuelgues” de convenio, que esta norma facilitó y amplió en cuanto a las materias que las empresas pueden dejar de aplicar, se produjeron en las grandes empresas de sectores muy afectados por la crisis. Desde 2016 esta tendencia varió y los descuelgues se producen de manera alarmante en empresas de menos de cincuenta personas en plantilla y del sector servicios. Como ya hemos denunciado en anteriores ocasiones, “el sector servicios es uno de los más precarios, inestables y con unos salarios ya de por si muy bajos, por lo que se produzca la mayor parte de los descuelgues en pequeñas y medianas empresas de este sector expone a los trabajadores y trabajadoras a una doble pérdida de derechos laborales y condiciones salariales para las que no tienen la defensa y herramientas necesarias, ya que se tratan de empresas muy poco sindicalizadas y donde es muy complicado negociar y defender los derechos colectivos”, explica García.
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