Representantes de la Federación de Empleados Públicos de USO Extremadura, junto con asociaciones y plataformas de interinos, han llevado a cabo una concentración frente a la Asamblea de Extremadura, en Mérida, con el objetivo de exigir a la Administración regional la regularización de los empleados públicos temporales, indefinidos no fijos e interinos.

“En Extremadura hay alrededor de 90.000 empleados públicos, de los que el 30% tienen contratos temporales o en fraude de ley, situación que afecta a unas 25.000 familias”, explica Luis Manuel Gil, portavoz de FEP-USO Extremadura. En los último años, las administraciones autonómicas han abusado de la contratación temporal, incumpliendo la normativa europea que establece que los contratos temporales no pueden exceder los tres años de duración. “Para cumplir con esa normativa, las Administraciones de la región quieren realizar un ERE encubierto, despidiendo a personal con experiencia para contratar a personal más barato, con menos antigüedad trienios y experiencia”, señala Gil.

Estos despidos masivos propuestos vendrían motivados por el objetivo de reducir la tasa de temporalidad del 30 al 8% que recoge la normativa europea. “Desde USO Extremadura instamos a la Administración autonómica a aprobar una Ley para cubrir de manera excepcional, por el sistema de concurso de valoración de méritos, las plazas ocupadas por el personal interino e indefinido no fijo”, apunta Gil. En este sentido, ha insistido en buscar una solución a esta situación ya que las indemnizaciones por estos despidos podrían alcanzar los 200 millones de euros, con el consiguiente riesgo de quiebra para algunas entidades públicas extremeñas.

La excesiva temporalidad de los empleados públicos extremeños afecta a todos los sectores de las distintas consejerías: representantes de la Administración Autonómica, el Consorcio de Bomberos, Sanidad, Educación, el Servicio Extremeño de Empleo Público (Sexpe) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).