Día de Europa: la ciudadanía no podrá entender en estos momentos un futuro europeo basado en los valores, en las personas y en la solidaridad
El 9 de mayo se celebra el Día de Europa. En un momento como el actual, de reflexión acerca del futuro de la Unión Europea y de puesta en marcha de políticas para afrontar la crisis, es imprescindible que los discursos y las prácticas se centren en la solidaridad.
Las instituciones de la UE no están siendo lo suficientemente diligentes a la hora de actuar. Así, tienen que afrontar una crisis de grandes magnitudes, como es la originada por el covid-19, arrastrando los errores del pasado: la austeridad y la frágil protección al Estado de Derecho. Sin embargo, hay lugar para la esperanza, gracias a los cambios que se van produciendo en el discurso. Unos cambios que se han obtenido a través de la movilización social, en la que el papel de los sindicatos es primordial.
Desde USO, reclamamos la importancia de activar mecanismos de solidaridad, reforzar el diálogo social y hacer frente a los problemas derivados de una globalización no regulada. Únicamente se logrará de nuevo la cohesión social y una Europa habitable para todos y todas afrontando los problemas reales y tejiendo un plan de reconstrucción inclusivo que no se puede demorar más.
Un plan de reconstrucción para la clase trabajadora
Este año, el Día de Europa coincide con la celebración de una Conferencia sobre el Futuro de Europa. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió con ella en su discurso de toma de posesión, en 2019. Una Conferencia que se ha visto retrasada por las diversas crisis que asolan a la UE: económica, social, refugiados, Brexit… Y ahora, la derivada de la pandemia.
USO, junto con la Confederación Europea de Sindicatos, de la que es miembro, reivindica que la Conferencia sea un espacio para realizar un debate real y profundo. Debe contar con la plena participación de las instituciones europeas y nacionales; los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. En ella, debe tratarse el futuro de Europa y la necesidad de la recuperación del covid-19 para allanar el camino hacia una sociedad más justa. Para ello, la Europa social debe estar en el centro de la Conferencia. No debe convertirse en un ejercicio burocrático ni centrarse únicamente en cuestiones institucionales.
Es necesario superar un modelo económico europeo basado en el PIB e ir más allá, construyendo un bienestar inclusivo y justo. Se hace imprescindible una reforma de la gobernanza económica de la UE; del Semestre Europeo; del mandato del BCE y la UEM; y de los recursos de la UE para garantizar que la justicia social esté en el centro de la política económica.
Herramientas sociales que deben fijarse en la Cumbre Social de Oporto
Al mismo tiempo que se desarrolla el debate sobre el futuro de Europa, la Cumbre Social de Oporto, que ha tenido lugar los días 7 y 8 de mayo, puede proporcionar la herramienta para alcanzar una economía más social y justa: el Plan de Acción para la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Un plan que debe poner en marcha los veinte principios con los que se pretende proteger el derecho a la vivienda, al salario digno, la sanidad, la educación…
Sin embargo, como apunta el secretario general de la CES, Luca Visentini, sin legislación y financiación no se llegará a nada. Es el momento de asegurar que la transición digital y ecológica se haga de forma justa. Sin la dimensión social, estas transiciones fracasarán y volveremos a encontrarnos con numerosas zonas de la Unión Europea asoladas por la destrucción de empleo debido al cambio climático, la digitalización, la automatización, la globalización y la reestructuración. Olvidándose de las personas.
De modo que, para controlar las transiciones digital y ecológica, es necesario construir una “autonomía estratégica abierta” en la UE, que sea eficaz para reforzar sus cadenas de valor industrial y reducir la dependencia de proveedores externos. Al tiempo que se trabaja por un comercio internacional justo, sostenible y basado en normas.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa debería servir para abordar la necesidad de garantizar el aprendizaje permanente y el derecho a la formación. Así como para blindar una agenda europea justa y sostenible para la migración, la globalización, el comercio internacional, y las políticas exteriores y de vecindad.
Una Europa que vele por los Derechos Humanos
La Unión Europea sigue liderando una política migratoria y de asilo que vulnera constantemente los Derechos Humanos. En septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo; el cual representa, desgraciadamente, una apuesta por la continuidad de las políticas conservadoras, con un fuerte enfoque en el control de fronteras, la disuasión, la detención y las deportaciones. Dejando, por otro lado, muy poco espacio para las propuestas en el área de la migración regular.
El sindicalismo europeo defiende los derechos de todos los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, los refugiados y los inmigrantes indocumentados. Pide a todos los estados miembros que respeten sus obligaciones en virtud de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 para proporcionar protección legal a los solicitantes de asilo, y que no devuelvan a los solicitantes de asilo o a los refugiados a un país en el que se enfrentan a graves amenazas para su vida o su libertad.
Asimismo, es imprescindible también que se respete la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; el Convenio 143 de la OIT sobre los trabajadores migratorios y el Convenio 97 de la OIT sobre los trabajadores migrantes. Y también el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
La Unión Europea, a través de este nuevo Pacto, permite a los estados miembros incumplir los convenios internacionales anteriormente mencionados, a través del patrocinio de deportaciones como alternativa a aceptar su responsabilidad en materia de Derechos Humanos para permitir que las personas soliciten asilo en sus países.
Este tipo de políticas avala la actitud de los estados miembros, que niegan los derechos a estas personas y representan un grave acto de irresponsabilidad en momentos como el actual, en el que los populismos de extrema derecha tratan de buscar un objetivo vulnerable sobre el que el resto de la sociedad pueda descargar sus frustraciones, derivadas de las condiciones de vida que el neoliberalismo impone.
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