La Federación de Enseñanza de USO ha puesto en marcha una nueva recogida de firmas en change.org contra la pretensión del gobierno de introducir en la nueva Ley de Educación, que está tramitando a una velocidad exprés, una norma para que los 35.000 alumnos con discapacidad que estudian en la actualidad en centros de Educación Especial lo hagan en aulas ordinarias.

Como está sucediendo con el resto de las medidas que incorpora la nueva Ley, todo se está haciendo a cien por hora, sin el necesario debate, sin consenso y sin contar con los representantes de los trabajadores y de los centros. En concreto, esta medida provocaría el cierre de muchos centros que llevan muchos años prestando un impagable servicio educativo a la sociedad y a las familias gracias a la atención y al trabajo profesional de unos docentes que ven, además, como sus puestos de trabajo están en peligro.

El Gobierno se ampara en una discutible recomendación de la ONU, que emitió un informe sin conocer con detenimiento la realidad educativa de estos alumnos ni el trabajo que desarrollan los centros de Educación Especial. En la Comunidad de Madrid, hace unos meses, se tramitaron varias proposiciones de ley en esta dirección que encontraron sin embargo un contundente rechazo de las familias, los centros y el profesorado. De llevarse a cabo las medidas que contemplaban estas proposiciones, provocarían la eliminación de los colegios de Educación Especial (centros educativos específicos para alumnos con necesidades especiales asociadas a un determinado tipo de discapacidad).

Desde FEUSO no nos oponemos a que se promueva la educación inclusiva; al contrario. Lo que sí rechazamos es la imposición y el decretazo y que solo se contemple para este alumnado una única modalidad de escolarización, sin que se respete la libertad de las familias, medida que provocará indirectamente el cierre de numerosos centros de Educación Especial y llevará al paro a miles de trabajadores.

La experiencia que hemos vivido en FEUSO en los últimos meses nos dice que no se puede actuar de una manera tan arbitraria. Que lo que debe hacerse es potenciar la pluralidad de opciones, facilitando que las familias escojan el modelo que más les conviene a sus hijos, sin que una vez más sea el Estado el que les diga dónde y cómo tienen que escolarizar a sus hijos.

Desde FEUSO, con el apoyo de miles de familias y de la gran mayoría de los trabajadores de los centros de Educación Especial, reivindicamos que se permita la convivencia de la Educación Inclusiva y la Educación Especial, puesto que ambas son necesarias para la adecuada atención especializada a los niños con discapacidad, siempre según sus necesidades. Exigimos también que se dé voz a todos los representantes de estos colectivos, tanto a los centros como a los trabajadores. Con nuestra experiencia, pedimos que se cuente con la opinión de todas las personas que tienen que ver con la atención a las personas con discapacidad: sus familias, docentes, etc.

Y de manera urgente pedimos a las Administraciones que los centros educativos que se dedican a este alumnado cuenten con unas ratios adecuadas a las necesidades específicas del alumnado, en todas las modalidades de escolarización, para que se pueda garantizar una educación de calidad y su inclusión social (curiosamente, esta reivindicación que FEUSO viene haciendo desde hace años siempre ha caído en saco roto). También exigimos que se avance en la correcta distribución de los recursos públicos con el fin de mejorar en todos los centros la calidad educativa en las diferentes modalidades de atención a la diversidad: de esta manera, la libertad de elección de las familias será real y efectiva y no estará condicionada por el tipo de centro en el que esté escolarizado.

Por todo ello, FEUSO rechaza una vez más las prisas y propone que se abra un debate sosegado sobre este asunto. Nuestra opinión, avalada por el contacto con el trabajo diario que se realiza en los centros de Educación Especial, es que la promoción de la educación inclusiva debe hacerse garantizando la pluralidad y la libertad.