USO demanda medidas rápidas y efectivas de transición justa, empleos verdes de calidad y garantizar el acceso a la protección social para los más vulnerables
El reciente informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU ofrece el panorama más sombrío de la historia respecto a la emergencia climática. Desde la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que USO es miembro, se respalda la afirmación de este informe acerca de que los Gobiernos tienen que incluir justicia y protección social como parte de sus medidas de adaptación climática.
Así, USO reclama medidas rápidas y efectivas de transición justa, creando empleos verdes de calidad y garantizando el acceso a la protección social universal para mitigar el impacto en las poblaciones más vulnerables.
Dura advertencia del IPCC: múltiples e inevitables riesgos
El pasado mes de agosto se publicó el informe realizado por el Grupo I del IPCC (dedicado a la base científica y física de la crisis climática) que instaba a actuar de inmediato para hacer frente al aceleramiento del calentamiento global y del cambio climático. El nuevo informe publicado por el Grupo II (encargado de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad del planeta y sus habitantes), esboza un nuevo mensaje contundente: las perturbaciones causadas por el cambio climático están poniendo en peligro la vida de miles de millones de personas en todo el mundo.
En concreto, el IPCC cifra entre 3.330 y 3.600 millones las personas que habitan regiones altamente vulnerables al calentamiento global, cerca de la mitad de la población mundial. En cuanto a los puntos críticos, estos se sitúan especialmente en África occidental, central y oriental; Asia meridional; América central y del sur; los pequeños Estados insulares en desarrollo y el Ártico. Esto se traduce en que, entre 2010 y 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables, en comparación con las regiones con muy baja vulnerabilidad.
En lo que respecta a España, el IPCC identifica el Mediterráneo como uno de los puntos calientes del avance del cambio climático. Esta zona se está calentando más deprisa que la media del planeta y preocupa, especialmente, la falta de agua dulce y las inundaciones de zonas costeras, que se prevé se incrementen al menos 10 veces para finales del siglo XXI.
Este grupo de 270 científicos de 67 países que han revisado para la ONU más de 34.000 artículos para sentar las bases sobre los impactos que está provocando ya el calentamiento, señalan que el modelo de desarrollo insostenible actual está multiplicando las consecuencias negativas. Un aspecto clave para afrontar la emergencia climática es la recuperación de los ecosistemas. Los ecosistemas saludables son más resistentes al cambio climático y brindan servicios críticos para la vida como alimentos y agua limpia. Pero para restaurar los ecosistemas es necesario el apoyo político y la financiación adecuada, algo que no quedó reflejado en la última cumbre por el clima, la COP26 de Glasgow.
Ante la emergencia climática, adaptación con justicia y protección social
La reacción del secretario general de la ONU, António Guterres, al informe es contundente al tildarlo de “atlas del sufrimiento humano” y afirmar que “los hechos son innegables. El abandono del liderazgo es un delito. Los mayores contaminadores del mundo son culpables de incendiar el único hogar que tenemos”.
La solución no va a venir del invento de “nuevas tecnologías” que nos permitan “recuperar terreno”, si no de la actuación colectiva de los Gobiernos y del conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, los sindicatos. Los trabajadores deben ocupar un espacio central en los planes para unas rápidas transiciones justas en todos los países y en todas las empresas. La implantación de medidas de adaptación y mitigación podrían generar miles de puestos de trabajo decentes que servirían para amortiguar el impacto del cambio climático.
Por otro lado, el informe deja claro que los peores impactos están ya afectando a las comunidades más pobres y vulnerables del planeta. Una medida justa es proporcionar protección social a las millones de personas en situación de extrema vulnerabilidad, que sea financiada a través de un fondo mundial para la protección social como parte del nuevo contrato social que reclama la CSI y respalda USO.
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