, , Actualidad

El curso político plantea grandes retos en empleo, fiscalidad y servicios sociales que solo se resolverán con vocación de Estado

Inicia el curso político y desde USO recelamos del tono que escuchamos de nuestros representantes institucionales. Para nuestro sindicato, el principal objetivo que debe tener el Parlamento este año es potenciar el empleo de calidad y mejorar la vida de toda la ciudadanía. Cualquier fin únicamente partidista y de ventajismo electoral queda fuera de las funciones y competencias que les otorgamos a nuestros representantes.

Por ello, el primer mensaje de USO para este curso político es rebajar el tono de crispación, que aleja a la ciudadanía de los valores democráticos, y tratar de acercar posturas; al menos, en las grandes políticas de Estado, como los PGE. “Todos tienen que hacer concesiones, quienes los presentan y quienes pueden apoyarlos. Todos. De eso tiene que ir el Congreso de los Diputados, de diálogo y negociación, no de usar algo crucial para la ciudadanía como un arma política”, afea a los grupos parlamentarios el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

“En USO, lamentamos que llevemos ya varias legislaturas sin observar esa vocación de servicio a la ciudadanía que se les presupone a los grupos parlamentarios. Entendemos la diferencia de propuestas e ideologías. Pero el trabajo, la seguridad, los servicios públicos y el bienestar social deben estar por encima de intereses de grupo. Echamos de menos pactos de Estado en cuestiones que deberían trascender más allá de las legislaturas y que no deberían teñirse de color político. Hace falta mucha más responsabilidad”, reclama Pérez.

Como sindicato, “nosotros tenemos muchos reproches incluso a medidas objetivamente buenas. En general, por las formas en su tramitación y aprobación, pero también por lagunas posteriores que pueden corregirse. Eso no impide, en nuestra opinión, que, si hay que dar un apoyo parlamentario a algo bueno para la población, se dé incluso tras exponer las contradicciones. O que se acepten propuestas positivas de otros grupos con el mismo fin: mejorar la vida de la ciudadanía. En resumen, que se haga política de Estado y no de partidos. Una pelea a tres bandas entre colores no puede, por ejemplo, dejar a los trabajadores sin la reducción de la jornada laboral o, al menos, sin su debate”, incide el secretario general.

Pacto por el empleo de calidad

Uno de esos temas que debería marcar el curso político y trascender las legislaturas es blindar y potenciar el empleo de calidad y evolucionar hacia un modelo productivo más industrial, innovador y tecnológico.

“Llevamos tres reformas laborales fallidas en una década. Fallidas y con pérdida de derechos. Al igual que ocurre con la educación, cada gobierno parece que quiere su propia reforma laboral. Nosotros pedimos una reforma laboral profunda y duradera. Despedir no puede ser gratis. Ni tampoco pueden usarse atajos como el fin del período de prácticas o ‘te doy de baja un viernes y, si no protestas, el lunes vuelvo a contratarte’. No basta con decir que el contrato por defecto es el indefinido, hay que articular también los mecanismos necesarios para que se cumpla y que la temporalidad sea la excepción, la salida para actividades o coberturas que realmente son temporales”, expone Pérez.

Esta reforma no puede ser entendida sin un cambio profundo del modelo productivo. “Ni el ladrillo ni el turismo. Los sectores milagro tienden a pinchar, como ya estamos observando este verano. Debemos aprovechar las turbulencias internacionales para replantearnos nuestra economía. ¿Por qué crear y exportar bajo valor añadido? Bajo valor añadido son bajos salarios, bajas condiciones de vida. Y, al mismo tiempo, nuestra sociedad demanda productos y servicios de alto valor añadido. Solo se consiguen con inversión en industria, en investigación, en tecnología… Y, todo esto, por no hablar de la temporalidad y falta de estabilidad en el empleo público, con datos inadmisibles en los tres escalafones de la Administración”, explica el secretario general de USO.

Para él, “el principal problema es que estas políticas son a largo plazo. No le van a dar rédito político ni a este gobierno ni al siguiente. Por eso emplazamos al mayor número posible de grupos parlamentarios a trabajar en conjunto por ese cambio, a sentar las bases de una España tecnológica, puntera y reindustrializada. Potenciar esos sectores crea automáticamente el empleo estable y con buenas condiciones que pedimos”.

Proteger la vida en el trabajo

En USO, tampoco entendemos que la siniestralidad laboral no esté en letras mayúsculas en la primera página de la agenda para este curso político. “Dos personas mueren cada día en su puesto de trabajo o en el camino hacia o desde él. Es algo menos de la mitad de las muertes por accidentes de tráfico. Para estos, vemos campañas, intentos de concienciación. Sin embargo, con respecto a la siniestralidad no se hace nada. Es otra de esas políticas que no debería entender de partidismos”, rebate Joaquín Pérez.

En el trabajo, pero también en la vida diaria, una de las causas de muerte al alza es el calor extremo. “En el caso de las muertes laborales, pedimos mano dura con los incumplimientos, porque normativa para prevenir esas muertes por calor ya hay. Y, en general, que la conciencia del cambio climático se materialice. Sabemos ya, con episodios cada vez más periódicos, que desastres naturales como olas de calor, danas o incendios a gran escala se han vuelto comunes. La prevención y los protocolos de actuación son básicos para salvar vidas”.

Pobreza infantil

En los últimos años, los datos macroeconómicos han mejorado, pero esto no se traslada al grueso de la población. Seguimos liderando la pobreza infantil en la UE. Una pobreza que no mengua y “golpea, sobre todo, a los más vulnerables, los menores. Los hogares con niños, y más aún si solo hay un adulto, tienden a no poder salir de la espiral de la pobreza. España cuenta ya con un abanico de ayudas para paliar la pobreza infantil. Sin embargo, figuramos como los más ineficientes de Europa en su resultado. Combatir la pobreza, especialmente la de los niños, debe ser una prioridad”, exige el secretario general de USO.

“Hemos llegado a un momento en el que la alimentación sana es un lujo. La obesidad y otros problemas graves de salud por el consumo de ultraprocesados, más baratos, son también un mal que se ceba con los hogares más pobres. Por ello, en USO consideramos que las ayudas a la infancia deben ser una prioridad, tanto en conseguir que lleguen a su destino como poner otras en marcha: la asignación universal por hijo, la red de 0 a 3 gratuita con comedores y mantener estos en vacaciones ayudarán a cerrar brechas”, considera Joaquín Pérez.

Control de precios y vivienda

La alimentación está desbocada. No solo a los hogares más vulnerables les cuesta hacer la lista de la compra: la subida de los precios en el grupo más necesario es la mayor de todos los que estudia el IPC.

“Desde 2021, pagamos los alimentos un 35,5 % más caros. No hay hogar ni medio ni bajo que soporte esa carestía. Mientras tanto, la subida salarial por convenio no lleva al 14 %. Apoyamos por supuesto una nueva subida en consonancia del SMI, y que este tire del resto de salarios en la negociación colectiva. La subida salarial crea empleo, no lo destruye. Y, sobre todo, permite vivir con dignidad”, reclama el secretario general de USO.

Porque, si la alimentación, y también los suministros energéticos, se comen la subida salarial, la vivienda es un capítulo aparte que también urge solucionar en este curso político.

“La Ley de Vivienda tuvo buen fondo, pero muchos defectos en su aplicación. Además de la falta de cumplimiento por todas las partes implicadas. No ha habido un compromiso ni en la creación de parque de alquiler ni en tratar de controlar los precios ni en proteger zonas para la población. Además, las medidas para proteger a la población vulnerable deben recaer en la Administración, no en los particulares. Lo que urge es garantizar oferta suficiente, luchar contra la especulación y frenar a los fondos buitre. La vivienda no es un bien de consumo, es un derecho que hay que proteger”, reclama el máximo responsable de la USO.

Servicios públicos y fiscalidad

Otra de las grandes reformas que no traerá réditos en un solo curso político ni a un solo gobierno y que “por eso, seguirá parcheándose durante años”, es la fiscal. “Es una reforma ambiciosa y desagradecida, que incomoda cada vez que se habla de que grandes corporaciones tecnológicas o digitales paguen como cualquier pequeña o mediana empresa, o el mismo porcentaje que abonamos los trabajadores en nuestro país; o si se nombra la necesidad de redistribuir la riqueza… Pero es una reforma imprescindible. Con ella, se mejorarán los servicios públicos y se garantizaría la protección social, entre otras cosas”.

Y Joaquín Pérez recuerda que esos servicios públicos “han visto recortada su financiación. O se han mejorado algunos legislativamente, pero sin fondos. Ya no solo hablamos de los pilares básicos, sanidad y educación, sino de cuidados, de dependencia. No basta con crear una ley, hay que dotarla. Si no, las personas dependientes seguirán muriendo antes de ver resuelto su expediente. Sí, claro, todo eso sale de los impuestos. Y quienes no generen valor para la sociedad, quienes no devuelvan en empleo de calidad sus pingües beneficios, que no dejan de crecer, deberán aportar más por la vía fiscal”.

Paz y derechos humanos

Por último, España no es ni debe ser una isla en el contexto internacional. Tan crispado o más que la política patria, está marcando un devenir peligroso para la seguridad mundial y dando cada vez más muestras de autoritarismo.

Lo vemos en la guerra de Ucrania, que sigue sin resolverse y crea nuevas alianzas geoestratégicas que en nada benefician a la UE. Lo vemos también en el genocidio en directo al que estamos asistiendo en Gaza. Los pasos que se están dando para frenarlo son débiles o simbólicos. “Europa da con una mano y quita con otra, dice y no hace. La solidaridad de la población no basta, hay que ser firmes ante una atrocidad equiparable a los momentos más oscuros del siglo XX. España debe exigir más contundencia a Bruselas. Condenar un genocidio no es ni de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de derechos humanos”.

En este sentido, Joaquín Pérez recuerda que “colaborar en la escalada armamentística empobrece los servicios sociales y amenaza la paz. Si España llega a contar con unos Presupuestos nuevos en 2026, esperamos que no sean marcados por un desproporcionado gasto en defensa”.