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La temporalidad alcanza el 30% en el sector público, duplicando al privado, con miles de trabajadores que encadenan empleo precario durante décadas

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) ha elaborado un informe que pone de manifiesto la magnitud del problema de la temporalidad en el empleo público en España, que afecta a aproximadamente 800.000 trabajadores y representa una tasa del 30%, el doble que en el sector privado.

Según el análisis realizado por FAC-USO, en determinados sectores de la Administración la temporalidad ha alcanzado niveles cercanos al 50% de la plantilla, convirtiéndose en endémico. Esta situación ha llevado a que miles de empleados públicos encadenen contratos temporales durante 10, 15 e, incluso, 20 años para ocupar puestos que en realidad son permanentes.

España, una anomalía europea

El informe revela que España arrastra “una anomalía en Europa” por la utilización masiva y prolongada de personal temporal en la Administración. Esto contraviene el principio general de que el empleo público debe ser estable y basado en los principios de mérito y capacidad.

Las causas de esta situación se remontan a las restricciones presupuestarias tras la crisis financiera, especialmente entre 2010-2015, que limitaron drásticamente la reposición de efectivos. Los presupuestos impusieron tasas de reposición muy bajas, impidiendo convocar suficientes plazas fijas y obligando a las administraciones a recurrir sistemáticamente a personal interino.

La problemática se extiende transversalmente en todas las Administraciones:

  • En la Administración General del Estado, departamentos clave como la Seguridad Social han lanzado programas como el Ingreso Mínimo Vital con plantillas mayoritariamente interinas.
  • Administración autonómica: sectores críticos como sanidad y educación dependen históricamente de miles de interinos (profesores, médicos, enfermeros).
  • En la Administración local, numerosos ayuntamientos han encadenado personal temporal durante décadas por falta de oposiciones propias.

Sentencias que respaldan las demandas de USO

FAC-USO ha desplegado una intensa actividad jurídica que ya ha dado frutos. El sindicato ha conseguido varias sentencias firmes que otorgan la fijeza a trabajadores públicos en fraude de ley, apoyándose en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en la Directiva 1999/70/CE.

Entre los casos más destacados se encuentran:

Pese a la Ley 20/2021, que obligaba a todas las administraciones a ejecutar procesos extraordinarios para estabilizar a sus temporales antes de finales de 2024, FAC-USO denuncia que muchos casos van con retraso o se están implementando incorrectamente. La tasa de temporalidad se mantiene alrededor del 30% en 2023, evidenciando que el problema persiste.

En conclusión, FAC-USO diagnostica que la temporalidad abusiva en España no es un fenómeno coyuntural, sino la consecuencia de vicios sistémicos: restricciones presupuestarias prolongadas, culturas administrativas que toleraron la cobertura precaria de puestos, y ausencia de mecanismos de control eficaces que obliguen a convertir contratos temporales en fijos a su debido tiempo. La suma de todos estos factores ha dejado a decenas de miles de empleados públicos en situación de injusticia laboral. Este diagnóstico justifica la necesidad de intervenciones tanto legales como judiciales y sindicales.

Propuestas de USO para acabar con la temporalidad en el empleo público

FAC-USO plantea medidas concretas para resolver definitivamente esta situación:

  • Conversión a personal fijo de empleados que superen 3 años en situación temporal.
  • Reforma legislativa que incorpore plenamente las exigencias de la Directiva europea.
  • Cumplimiento efectivo de los procesos de estabilización pendientes con fecha tope vinculante.
  • Planes específicos para sectores particularmente afectados como sanidad y educación.
  • Mejora de la planificación con convocatorias anuales obligatorias.
  • Protección de los derechos del personal temporal mientras dure su situación.

Además, FAC-USO ha establecido canales específicos para asesorar a cualquier empleado público en esta situación. En la web y sedes, mantiene un servicio de reclamaciones por contrataciones en fraude de ley, ofreciendo apoyo legal gratuito a la afiliación. Esta campaña jurídica permanente busca que los trabajadores temporales conozcan sus derechos y los ejerciten en los tribunales, poniendo todos los medios humanos y materiales a su disposición para luchar contra el fraude de ley.

Llamamiento a la lucha europea

El sindicato considera que esta problemática trasciende las fronteras españolas y ha hecho un llamamiento a la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU) para que adopte una posición oficial y contribuya a visibilizar esta situación en el ámbito europeo. Porque, la temporalidad abusiva en el empleo público en España no es un fenómeno coyuntural, sino la consecuencia de vicios sistémicos que han dejado a decenas de miles de empleados públicos en situación de injusticia laboral.