Hay un consenso en admitir que los presupuestos de cooperación al desarrollo son marginales con respecto a los flujos económicos que se producen con el comercio, las inversiones y hasta con las remesas de los emigrantes de un país.

Por lo tanto, es muy relevante que fijemos nuestra visión en las causas de la pobreza y la desigualdad y que esas causas sean atajadas por una política al desarrollo. Eso es en el fondo lo que tendría que significar el cambio de paradigma de pasar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sectoriales y con mirada a los países empobrecidos, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se plantean como universales –para todo el mundo- y comunes –para toda la ciudadanía-, y en el que cada país tiene que establecer cómo resuelve sus carencias y todos pueden exigirle el cumplimiento de esos objetivos.

En el plano laboral, los trabajadores y sindicatos hemos abogado siempre por cláusulas sociales y ambientales en los Tratados comerciales. Una manera de poner ‘suelo’ y mejorar los estándares laborales.

En estos momentos a un lado y otro de los océanos, sea entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) o entre éste último y países del Pacífico (la Alianza Transpacífica, TPP) o entre otros asiáticos (a través de la APEC), etc., se quieren conformar bloques comerciales donde se quiere que el comercio (y las inversiones y flujos de capital) se incremente sin cortapisas. Que sea el precio el que marque la competencia. No el cómo se produce, ni cómo se distribuya la cadena de producción y la participación de los beneficios de la misma. Rebajar aranceles, liberalizar inversiones y flujos de capital. Sortear a la Organización Mundial del Comercio y no buscar mecanismos compensadores, de control y participación. Tampoco, el cómo evitar los paraísos fiscales o la elusión fiscal de las multinacionales. Los negociadores de esos acuerdos repiten que se respetarán las normas internas y reglamentos de cada parte en múltiples temas, entre ellos, el laboral.

En lo que respecta al plano económico-laboral siempre hay estudios contradictorios que señalan aumento o pérdida de empleos totales y muy dispares en determinados sectores y territorios en el corto y medio plazo. Poco o nada se ha puesto a la luz sobre la mejora o pérdida de las condiciones laborales que se desarrollarían una vez que esos acuerdos estuvieran en vigor y en plena aplicación.

Pero el comercio, con esas leyes selváticas, lo que produce es un aumento de las desigualdades, según si la empresa, sector e incluso región, están especializadas en bienes o servicios que cuentan con una mayor demanda por ser un bien ‘diferente’, escasez, precio, cualificación laboral, etc., frente a lo contrario, producto homogéneo, no diferenciado, hecho por una oferta grande de trabajadores, etc.

Por eso hay que fijar ‘suelos’ normativos, las Convenciones Fundamentales de la OIT. Pero también reclamar el trabajo decente y el diálogo social para lograr estándares mejores en cada país. Y las prisas de los gobiernos en crear toda una red de acuerdos comerciales, sin haber paralelamente consolidado una equiparación normativa socio-laboral, quiere decir que ellos apuestan por un incremento de la competencia desleal que desarbole las condiciones laborales de todos los países, incluyendo a los de los países desarrollados. Éstos no serán competitivos en muchos sectores porque los precios de muchos productos, de libre acceso en su mercado, podrán ser realizados en otras zonas con unos costes laborales (porque no hay negociación colectiva, por ejemplo) y ambientales inferiores. Si bien, ese dumping ha existido siempre, la globalización y las prácticas a ella asociados (elusión de las multinacionales, facilidad de transporte, incremento del comercio,..) ha agravado y puede agravar aún más la perversión del comercio.

Por ejemplo, podemos fijarnos en la desigual ratificación en un lado y otro del Atlántico, UE-EE.UU, de las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estados Unidos no ha ratificado seis de las ocho principales convenciones de la OIT, entre ellas las que conciernen a la libertad sindical (nº 87) y a la negociación colectiva (nº 98). Sólo ha ratificado 14 de los 189 actuales convenios internacionales. Por el contrario, todos los países de la Unión Europea han ratificado los ocho convenios fundamentales, y en el caso de España, por ejemplo, se han ratificado 133 de los 189 vigentes. ¿Qué significa que en una compañía aérea no haya negociación colectiva o de facto no haya sindicatos? ¿Qué precio tendrían sus billetes? ¿Cómo afectaría a una compañía en donde se cumplieran todos los mejores estándares laborales? ¿FIAT dónde pondrá su matriz, dónde producirá y quién se llevará el beneficio de la venta de uno de sus vehículos? ¿Qué hará Apple con su masa de beneficios producidos en 190 países, en los que en ninguno paga impuestos y saca a subasta, a la baja, las fábricas de montaje de sus aparatitos? Todos los accionistas y gestores de fondos se están riendo de nosotros.

Los empresarios europeos debieran ser los primeros que defendieran en ese futuro Tratado Estados Unidos-Unión Europea la ratificación estadounidense de esas Convenciones Fundamentales. Si no lo están haciendo –como tampoco los propios gobiernos-, desde nuestro punto de vista, lo que se pretende a medio plazo, por mor de una competitividad vía precios, es desregular a la baja los estándares europeos.

Las palabras de Cecilia Malmström, Comisaria Europea de Comercio, en el Parlamento Europeo, sobre el asunto son esclarecedoras: “En cuanto a los derechos laborales, no hay una armonización total en Europa, hay distintas reglas, pero una compañía extranjera que hace ‘business’ en Europa tiene que seguir las leyes europeas, las leyes nacionales, y nosotros, cuando vamos a Estados Unidos, seguimos las leyes americanas. Lo vamos a armonizar. Lo que estamos buscando en todas las negociaciones es luchar para que los ocho convenios principales de la OIT sean ratificados por todos los otros países. Como usted ha dicho, los Estados Unidos han ratificado dos y otros dos están más o menos en su legislación nacional. Vamos a ver si podemos hacer progresos en los otros cuatro. No van a ratificar el texto de los otros cuatro, pero podemos avanzar en su espíritu con los Estados Unidos.”

Como sobre cosas de espíritu hay bastante escepticismo, es rechazable esa postura acomodaticia a favor de los ‘business’. No es suficiente que se hable en ese o en otro Tratado de ‘trabajo decente’, una supuesta concesión a los sindicatos que, al despreciar una posible inserción normativa, lo devalúa.

La OCDE, el organismo de los países más ricos, bendice esos acuerdos, siempre ha buscado el incremento del comercio, de la ‘flexibilización del mercado laboral’, de la libertad de flujos del capital. Al mismo tiempo, a todos consta la falta de libertad sindical, de imposibilidad de negociación colectiva en diversos países de ese club y de su indiferencia normativa ante la elusión fiscal de las multinacionales y de la vigencia de los paraísos fiscales que desarrollan sus mismos miembros con figuras impositivas ad hoc, durante los más de 50 años de su historia.

En resumen, estos acuerdos no promueven una armonización al alza de derechos sociales y regulaciones ambientales que favorezca a los trabajadores, consumidores y ciudadanos, ya sean europeos, estadounidenses o malasios. Sus contenidos serán extrapolables a otros acuerdos comerciales del mundo con un efecto dominó y perjudicarán al resto de las personas de este planeta favoreciendo un capitalismo global con una mayor fuerza de las multinacionales y con menores derechos y capacidad de intervención de la ciudadanía. Por eso hay que rechazarlos. Porque los ‘business’ tienen que estar detrás de las personas.

Artículo de Santiago González (USO-Sotermun) publicado en la web de la Confederación Sindical Internacional.