USO reclama blindar el escudo de protección social frente a la pobreza y garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos y vivir con dignidad
Erradicar la pobreza exige mucho más que reducir las estadísticas, requiere garantizar que todas las personas puedan acceder a los recursos necesarios para vivir con dignidad. En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre, USO alza la voz para exigir políticas públicas capaces de responder a las necesidades reales de la población y de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados en febrero de 2026, muestran que el 8,1% de la población residente en España se encontraba en situación de carencia material y social severa en 2025, frente al 8,3% de 2024. Además, el 25,7% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Ambas cifras reflejan las dificultades que sigue afrontando una parte importante de la población para mantener unas condiciones de vida dignas.
Tener empleo no es garantía de protección frente a la pobreza
La pobreza no es únicamente una cuestión de ingresos. También está relacionada con la posibilidad de acceder a un empleo de calidad, mantener una vivienda adecuada, cubrir las necesidades básicas y disponer de servicios públicos y sistemas de protección suficientes.
El informe de EAPN-ES “Pobreza laboral: una cuestión de calidad en el empleo” pone el foco en una realidad que cuestiona la idea de que tener trabajo garantiza salir de la pobreza. Según la investigación, el 11,6% de las personas con empleo en España, alrededor de 2,5 millones, viven bajo el umbral de la pobreza. A su vez, una de cada tres personas en situación de pobreza tiene un empleo. España registra la segunda tasa de pobreza laboral más alta de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria.
La estabilidad contractual es importante pero, en la lucha contra la pobreza laboral, hay que exigir los salarios suficientes y abordar la parcialidad involuntaria, la rotación injustificada y el empleo informal. La creación de puestos de trabajo debe ir acompañada de condiciones que permitan cubrir las necesidades básicas y desarrollar un proyecto de vida digno.
La evolución de los salarios también ayuda a explicar la pobreza laboral. Según los datos recogidos en el informe, entre 2008 y 2024 los salarios nominales aumentaron un 34,4% (612 euros mensuales) pero el incremento real, una vez descontada la inflación, fue de apenas cinco euros. Estos datos demuestran que el poder adquisitivo de las personas trabajadoras ha sido casi nulo en este periodo, y la capacidad económica real de las familias trabajadoras se ve comprometido en las condiciones de vida actuales.
La pobreza laboral, reflejo de desigualdades sociales
El riesgo de pobreza no se distribuye de forma homogénea entre la población ocupada. Los datos analizados por EAPN-ES muestran diferencias relevantes según el nivel educativo, el origen, la discapacidad y las responsabilidades de cuidados. En relación con la formación, la tasa de pobreza entre las personas ocupadas que no habían superado la educación primaria alcanzaba el 30,1%, frente al 6% de quienes tenían estudios superiores. Estas diferencias deben interpretarse teniendo en cuenta que las oportunidades educativas también están condicionadas por las circunstancias económicas y sociales.
El origen también marca diferencias: la pobreza afectaba al 9% de las personas ocupadas con nacionalidad española, al 16,9% de las procedentes de otros países de la Unión Europea y al 31,6% de las personas de países de origen extracomunitario. En este sentido, podemos resaltar el componente de discriminación laboral y las dificultades para acreditar u homologar titulaciones realizadas fuera de la Unión Europea, lo cual limita y obstaculiza las oportunidades profesionales de la población migrante.
Por otra parte, el 13,8% de las personas ocupadas con discapacidad se encontraba en situación de pobreza, frente al 11,3% de las personas trabajadoras sin discapacidad. En las zonas rurales, la tasa alcanzaba el 14,2%, frente al 11,2% en el resto de los territorios.
La desigual distribución de los cuidados también influye en las oportunidades laborales. En 2025, el trabajo a tiempo parcial afectaba al 21,4% de las mujeres ocupadas, frente al 6,9% de los hombres. Entre quienes trabajaban a tiempo parcial, el cuidado de menores o personas dependientes era uno de los motivos señalados por el 17,8% de las mujeres, frente al 3,8% de los hombres.
Estos datos refuerzan la necesidad de políticas de empleo y protección social con enfoque interseccional, es decir, que tengan en cuenta las desigualdades y situaciones de exclusión y discriminación que enfrentan diferentes colectivos de población en situación de vulnerabilidad. La pobreza laboral no depende exclusivamente de la situación contractual o del salario individual, también intervienen ingresos y necesidades del hogar, responsabilidades de cuidados y las barreras de acceso al empleo y a la promoción profesional.
Los derechos deben poder ejercerse, no quedarse sobre el papel
El reconocimiento de derechos es imprescindible, pero no garantiza por sí solo que todas las personas puedan ejercerlos en condiciones de igualdad. Para que la protección social cumpla su función, debe ser suficiente, accesible y capaz de responder a las distintas situaciones de vulnerabilidad.
Esto requiere servicios públicos adecuados, información accesible, procedimientos que no generen barreras innecesarias y recursos que lleguen a quienes los necesitan. También exige evaluar las medidas adoptadas y corregir las deficiencias que impiden alcanzar sus objetivos.
“Los trámites administrativos, en muchas ocasiones, se convierten en un obstáculo para acceder a la protección social. Es por ello que consideramos necesaria la simplificación de los trámites de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, con el fin de evitar que errores administrativos, tanto en el acceso a esta prestación como en la gestión de cobros indebidos, agraven la situación económica de personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad”, advierte Marisa Madrid, secretaria de Comunicación e Igualdad de USO.
La lucha contra la pobreza no puede depender exclusivamente de la capacidad individual para superar las dificultades. Garantizar unas condiciones de vida dignas es una responsabilidad colectiva que requiere compromiso institucional y políticas públicas eficaces.
En sus propuestas, EAPN-ES reclama mejorar los salarios y la estabilidad laboral; reducir la temporalidad no deseada y la parcialidad involuntaria; garantizar que el empleo sea compatible con los sistemas de garantía de rentas cuando los ingresos resulten insuficientes; reforzar las políticas de inclusión laboral y combatir la discriminación en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la promoción profesional. También plantea fortalecer los servicios públicos esenciales y avanzar hacia un sistema público y accesible de cuidados.
La vivienda, un derecho que debe garantizarse
La vivienda constituye una condición fundamental para vivir con dignidad y ejercer otros derechos. Sin embargo, las dificultades para acceder a un hogar adecuado y asequible siguen siendo una preocupación social que requiere respuestas públicas.
El problema debe abordarse desde una perspectiva de derechos, con medidas estructurales que permitan mejorar las condiciones de vida, especialmente de quienes encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda. Desde esta óptica, resulta necesario afrontar la especulación inmobiliaria y situar la garantía del derecho a la vivienda en el centro de las políticas públicas.
“El problema de la vivienda debe ser abordado desde una perspectiva de derechos, con medidas estructurales que permitan mejorar las condiciones de vida, especialmente de quienes encuentran mayores dificultades para acceder a ella. Desde esta óptica, resulta necesario afrontar la especulación inmobiliaria y situar la garantía del derecho a la vivienda en el centro de las políticas públicas”, advierte Madrid.
Erradicar la pobreza exige compromisos y resultados
En el día de reivindicación de lucha frente a la pobreza, desde USO reclamamos políticas públicas integrales que garanticen una protección social adecuada, servicios públicos accesibles, empleo de calidad y condiciones de vida dignas para todas las personas. La lucha contra la pobreza debe contar con objetivos concretos, recursos suficientes y mecanismos de evaluación que permitan comprobar si las medidas adoptadas llegan a quienes más las necesitan.
Disponer de un empleo no siempre garantiza salir de la pobreza y las desigualdades laborales y sociales afectan de manera diferente a distintos grupos de población. Por ello, no basta con crear empleo: es necesario mejorar sus condiciones, garantizar ingresos suficientes, avanzar en corresponsabilidad y cuidados, combatir la discriminación y reforzar la protección social.
No es suficiente atender las consecuencias de la pobreza cuando ya se han producido. Es necesario prevenir la exclusión, reducir las desigualdades y garantizar que ninguna persona quede privada de sus derechos por su situación económica o social. Erradicar la pobreza exige situar los derechos y la dignidad de las personas en el centro de las políticas públicas.
