La Plataforma Justicia para Todos se reúne con el GP Socialista

La Plataforma Justicia para Todos ha mantenido una reunión El Grupo Parlamentario Socialista, a la que han asistido la portavoz socialista del Grupo, junto al portavoz de Justicia, Julio Villarrubia y Antonio Camacho, vocal de la comisión de Justicia, para analizar las reformas en materia de Justicia que está llevando a cabo el Ejecutivo.
 
La Plataforma les ha pedido que presenten recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley que modificó parcialmente la Ley de tasas judiciales, ya que no se ha resulto el fondo de la cuestión como es la extensión universal de la tasa a las personas físicas, creando una situación de indefensión con respecto a las personas jurídicas, además de mantener una clara situación de desigualdad en el trato que se da a los empleados públicos en la vía contenciosa, frente al orden social.
 
Por parte de Justicia para Todos, han asistido representantes del Consejo General de la Abogacía, encabezados por su Presidente, representantes del Consejo de Consumidores y de los sindicatos UGT, CC.OO., USO, CSIF y STAJ.
 
En la reunión, los asistentes han comentado los numerosos casos concretos con los que los ciudadanos están renunciando a defender sus derechos ante los tribunales por no poder hacer frente a las tasas, lo que pone en evidencia “el injustificado y desproporcionado obstáculo que estas tasas suponen para la efectividad del derecho a la tutela judicial”.
 
Asimismo, los asistentes a dicho encuentro han comentado la grave incidencia que estas realidades pueden suponer en la pérdida de empleo en el sector de los profesionales de la justicia.
 
El Grupo Socialista en el Congreso interpondrá un nuevo recurso de inconstitucionalidad. Así lo ha confirmado hoy la portavoz del, Soraya Rodríguez, a la Plataforma, tras el estudio de dicha norma, que para su grupo parlamentario supone “una ley abusiva e injusta y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en nuestra Constitución, al constituir un impedimento desproporcionado e irrazonable para el acceso de los ciudadanos a la justicia”.