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USO reclama una reforma urgente de la Ley de Libertad Sindical para acabar con “cuarenta años de exclusión” en el diálogo social

Joaquín Pérez, secretario general de la Unión Sindical Obrera, defendió en los Cursos de Verano CEU | María Cristina la necesidad de un pluralismo sindical real. Anunció que el sindicato ha llevado su caso ante la OIT tras “acumular sentencias favorables sistemáticamente eludidas” por la vía normativa. çel sindicato sufre una auténtica exclusión del diálogo social.

El principio de irradiación de la LOLS se utiliza indiscriminadamente con el objetivo de no dejar hueco a los que tenemos una notoria implantación

El secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez da Silva, protagonizó este miércoles la mesa “Hacia un nuevo diálogo social”, dentro de los Cursos de Verano CEU – María Cristina que se celebran en El Escorial bajo el título “La economía española en el marco geopolítico actual”. Moderada por Alesia Slizhava, doctora en Ciencias Políticas, la sesión sirvió para que USO planteara una crítica de fondo al modelo español de representación sindical y reclamar una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), vigente desde 1985.

Un “traje a medida” que ya no responde a la España de 2026

Pérez da Silva situó el origen del problema en el artículo 6.3 de la LOLS, que concede a los sindicatos declarados “más representativos” a nivel estatal —aquellos que superan el 10% de los delegados y miembros de comité de empresa en todo el país— la capacidad de actuar en cualquier ámbito territorial o sectorial, tengan o no implantación real en él.

USO y el resto de organizaciones, señaló, solo pueden ejercer esas mismas facultades allí donde acreditan ese mismo umbral, lo que en la práctica les excluye de la negociación colectiva, de la promoción de elecciones sindicales y del diálogo social general pese a acreditar una implantación “real, sostenida y verificable”.

El líder sindical recordó que USO es la tercera fuerza sindical de España, con más de 153.000 afiliados y cerca de 14.000 delegados elegidos por los trabajadores, presencia en las cincuenta provincias y más de 600 convenios colectivos negociados. Pese a ello, subrayó, queda sistemáticamente al margen de los grandes acuerdos, como el AENC, el salario mínimo interprofesional o las reformas laborales y de pensiones.

Para ilustrar la desproporción del sistema, comparó el umbral sindical con el parlamentario: mientras que en el Congreso de los Diputados basta un 5% de los votos para constituir Grupo Parlamentario propio con plenos derechos -y ni siquiera eso- hay siete partidos por debajo del 2% de los votos y que pueden intervenir, proponer legislaciones, estar en la Comisiones… en el ámbito sindical se exige algo impensable en política “Si esto no es una anomalía, no sé qué es”, afirmó.

La vía judicial una y otra vez

Pérez da Silva denunció un patrón que, según explicó, se repite “con una regularidad casi metronómica”: USO gana en los tribunales la anulación de un requisito de mayor representatividad, y el Gobierno de turno lo reintroduce meses o años después mediante una nueva norma que produce el mismo efecto excluyente, obligando al sindicato a litigar de nuevo. Puso como ejemplo la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el nuevo RD que regula el Consejo estatal de responsabilidad social en las empresas o las jubilaciones anticipadas por penosidad y toxicidad.

USO lleva su queja al Comité de Libertad Sindical de la OIT, registrada como caso número 3517

Ante el agotamiento de esa vía, USO presentó el 25 de noviembre de 2025 una queja formal ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), registrada como caso número 3517, ampliada el 17 de febrero de 2026 con un escrito de alegaciones complementarias. La denuncia invoca la vulneración de cinco convenios de la OIT ratificados por España, entre ellos el Convenio 87 sobre libertad sindical y el Convenio 154, que exige consulta previa a las organizaciones sindicales antes de aprobar normas que afecten a sus intereses. “No esperamos una sanción —explicó—, pero las recomendaciones del Comité tienen un peso político y reputacional considerable”, adelantando que el sindicato podría acudir también al Comité Europeo de Derechos Sociales.

Siete propuestas para un diálogo social del siglo XXI

El sindicato plantea siete propuestas para modernizar un modelo “diseñado en 1985 y vigente en 2026” El dirigente sindical presentó un decálogo de reformas, entre las que destacan sustituir el umbral rígido del 10% estatal por el criterio de “implantación suficiente y notoria” ya reconocido por el Tribunal Constitucional en 1990; aplicar un principio de proporcionalidad territorial; garantizar elecciones sindicales en todos los centros de trabajo con criterios más democráticos; y rediseñar la financiación sindical bajo criterios proporcionales, transparentes y públicos, frente al actual modelo, que calificó de “discrecional”.

Durante el turno de preguntas, Pérez da Silva abordó también la baja productividad de la economía española, que atribuyó a factores estructurales —tamaño empresarial, composición sectorial y escasa inversión tecnología y en I+D— más que al modelo de diálogo social en sí, aunque reconoció que este último “se ha centrado tradicionalmente en salario, condiciones y empleo, y muy poco o mal en formación continua, digitalización o reorganización del trabajo ligada a la inteligencia artificial”. Sobre la gestión algorítmica del trabajo, defendió que la negociación colectiva debe complementar a la ley: “Un algoritmo que decide turnos, evaluaciones o despidos sin posibilidad de que un representante de los trabajadores entienda su lógica básica es algo muy peligroso”.

Preguntado por el balance de la legislatura en materia laboral, fue tajante: “Muy poco. No hay mayorías para ningún gran acuerdo”. Apuntó como únicos avances posibles la subida del salario mínimo interprofesional y el registro horario, y recordó que la reforma del despido sigue pendiente de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales desde hace meses. Además, señaló que “otro fracaso que lamentamos es la no incorporación de la reducción de la jornada laboral a la legislación vigente”