Internacional

Los países de las Naciones Unidas han aprobado resolver unos retos de la humanidad desde 2016 al 2030, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Éstos sustituirán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó en 2000 y que han servido de guía para la realización de los programas de cooperación al desarrollo y estímulo para su cumplimiento, si bien, asimétrico de los mismos.

Los ODS han nacido con más ambición. Ya no han sido elaborados desde una mirada de los países ricos sobre los pobres. Su carácter es universal. Se deben de cumplir en todos los países del planeta y todos los Gobiernos deben velar y dar cuenta de su implementación.

En estos tiempos existe una constancia de la desigualdad creciente en todos los países y ésta se da, en muchos casos, de manera más profunda, en los países específicamente llamados ‘desarrollados’. La crisis económica ha agravado significativamente la desigualdad.

Además de esta agenda universal, los ODS parten de ser planteados simultáneamente, de forma inclusiva y coherente. No se puede dar una mejora sanitaria y, por ejemplo, mantener la no escolarización de los niños y adolescentes. Niñas y niños, porque se remarca la igualdad y la necesaria promoción en educación y, en otras facetas, de las niñas y las mujeres. En la actualidad, el 50% de la humanidad no tiene las mismas oportunidades y presupuestos.

17 objetivos
Los ODS consisten en 17 objetivos con 169 metas, para, entre otros temas, “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, “el hambre”, “velar porque todas las niñas y niños acaben la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad’, etc.

El mundo sindical se siente reconocido en el Objetivo 8 porque hay un reconocimiento del trabajo digno como definitorio del desarrollo y se reclama el pleno empleo productivo, trabajo decente, erradicar el trabajo forzoso e infantil y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Ha quedado definido como “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Y eso ejemplifica los equilibrios de los redactores del texto al igualar crecimiento económico inclusivo y sostenible con el trabajo decente. El Objetivo 8 y sus metas, en caso de cumplimentarse, supondrá erradicar el trabajo forzoso, el infantil; lograr el pleno empleo para las personas con discapacidad y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Ese equilibrio también está presente en el punto 3 de la introducción, que dice: “crear condiciones necesarias para el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad”.

También queda recogida la meta de “proteger los derechos laborales y y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

La Declaración insiste en muchas ideas que compartimos, desde el “que nadie se quedará atrás”, “combatir las desigualdades dentro de los países”, “hacer realidad los derechos humanos de todas las personas” y que “los objetivos y metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”.

Pero esos equilibrios en la redacción de los ODS se han visto agrandados por las limitaciones en la fijación de metas en la financiación de esta Agenda de desarrollo. Sólo hay que ver que aunque se alude a la elusión fiscal, no hay un plan y un regulador ejecutivo internacional que evite los paraísos fiscales o las prácticas planificadas de evasión fiscal de multinacionales. Esta crítica está fundamentada en el resultado de la Conferencia de Financiación de Addis Abeba, celebrada en julio de este año y que es la referencia financiera de los ODS.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aún siendo un importante avance sobre los ODM, por su cumplimiento en todos los países, no recogen la existencia de un organismo explícito dentro de las Naciones Unidas que tenga como misión vigilar la coherencia de medidas, la rendición de cuentas, con capacidad de participación de la sociedad civil y que proponga alternativas de políticas. También es cierto que hay propuestas como la del Panel que propone la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad que avanzan en este sentido y que está recibiendo apoyos para que en futuras discusiones sobre la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sea aceptada.