Tras años de duros recortes y la aplicación de políticas de austeridad que han afectado negativamente al estado del bienestar, ahora esos recortes se han extendido a las libertades de la ciudadanía. El Gobierno aprobó ayer, por mayoría y con el único respaldo del PP, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, lo que supone un retroceso democrático en los derechos y libertades fundamentales al poner trabas y y acallar la voz de la ciudadanía y las protestas sociales.
Estas leyes aprobadas ayer convertirán los conflictos sociales o laborales en conflictos de orden público, criminalizando de esta forma la expresión de las voluntades de los ciudadanos, y se establecerán peligrosas trabas en el acceso en igualdad de condiciones a la justicia.
La Unión Sindical Obrera, al igual que la Cumbre Social, de la que es miembro, rechaza por completo estas leyes y mantiene su compromiso en la defensa de un Estado de Derecho que garantice las libertades fundamentales constitucionales.
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