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USO critica el aumento de coeficientes de financiación a las mutuas como ‘parche financiero’ que ignora las causas de las bajas laborales

Se ha publicado la Orden PJC/656/2025, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024.

El documento expone una reorientación en las normas de cotización destinadas a financiar las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes. El Gobierno, a través de este acto normativo, pretende garantizar a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social los recursos financieros necesarios para hacer frente a un gasto creciente, resultado de la elevada incidencia de bajas laborales.

Sin embargo, desde USO observamos con recelo que, en lugar de abordar las causas subyacentes –como las condiciones de trabajo degradadas y la precariedad laboral– se opta por ajustar parámetros contables y coeficientes de financiación, trasladando la responsabilidad económica a los mismos mecanismos que sostienen un modelo laboral insuficiente y en muchos casos, injusto.

Cambios en los coeficientes de financiación

El documento establece que, desde el 1 de enero de 2024, la financiación de la prestación por incapacidad temporal se realizará aplicando un coeficiente del 0,06 sobre la cuota íntegra. Esta cuota incluye tanto la aportación empresarial como la de las personas trabajadoras.

Además, se contempla la posibilidad de aplicar un coeficiente mayor, del 0,07, en las mutuas que acrediten “insuficiencia financiera” por causas estructurales. Esta medida se refuerza con una disposición que prevé un aumento del coeficiente si la suma destinada a reservas resulta negativa, para cubrir el déficit.

También se recoge un tratamiento específico para dos colectivos: el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y los autónomos. Para los primeros, se establecen coeficientes reducidos (0,030 o 0,033). Para los segundos, se aplican los mismos coeficientes que en el régimen general (0,06 o 0,07).

En principio, estos ajustes se presentan como necesarios para garantizar la sostenibilidad de las prestaciones. Sin embargo, la introducción de coeficientes adicionales refleja una preocupación por asegurar la “suficiencia económica” de las mutuas, a costa de aumentar la carga contributiva.

Desde USO entendemos esta medida como un intento de encubrir la falta de inversión en políticas reales de prevención y mejora de las condiciones laborales. En la práctica, traslada el peso de los problemas estructurales a los trabajadores y a las empresas. En muchos casos, estas mismas empresas son responsables de entornos laborales insalubres y con riesgos elevados.

Medidas para evitar el colapso financiero

El documento justifica la necesidad de modificar el artículo 24 de la Orden PJC/51/2024. El objetivo es asegurar que las mutuas cuenten con medios suficientes ante el aumento de gastos en prestaciones por incapacidad temporal. Para ello, se elimina el tope de financiación del 0,081 establecido hasta ahora, al menos durante el ejercicio 2025. En teoría, esto permitirá ajustar la contribución de forma más flexible, según la situación financiera de cada mutua.

Esta medida busca evitar que, al final del ejercicio, la reserva de estabilización de contingencias profesionales no alcance el 80 % de su mínimo exigido. Si eso ocurriera, las mutuas estarían sujetas a medidas cautelares.

Sin embargo, desde USO consideramos que esta no es una solución real. No representa un avance en protección social. Más bien, muestra una tendencia preocupante: se siguen aplicando fórmulas financieras para tapar los fallos de un sistema sin enfoque humano ni social. La introducción de coeficientes variables y la eliminación de límites, como el tope de financiación para 2025, son señales claras. Desde nuestra perspectiva, es una forma de proteger a grandes empresas y operadores del sistema ante los efectos de la precariedad que ellos mismos han promovido.

Nos preocupa que estas decisiones no afronten el problema de fondo. La precariedad laboral y las malas condiciones de trabajo son responsables directas del aumento de casos de incapacidad temporal. Elevar los coeficientes no alivia esta situación. Solo añade más presión sobre quienes ya soportan un mercado laboral duro. Ni las personas trabajadoras ni las empresas ven mejoras reales. Se imponen medidas reactivas que, con el tiempo, pueden empeorar la carga económica y dañar aún más las cuentas sociales.

Este documento está cargado de tecnicismos y lenguaje contable. Pero esconde un trasfondo grave. Para USO, representa una apuesta por “parches” financieros en vez de invertir en prevención y condiciones laborales dignas. Creemos que es urgente abrir un debate público y jurídico. Un debate que cuestione estas fórmulas y plantee una reforma del sistema contributivo. Un modelo que proteja de verdad a las personas trabajadoras, sin dejarlas expuestas a decisiones técnicas o a la inestabilidad de las mutuas.

También es importante entender el contexto. El aumento del gasto en prestaciones no es casual. Se debe, en gran parte, a la falta de políticas laborales eficaces y preventivas. Por eso, desde USO exigimos que tanto el Estado como las empresas asuman su parte. Deben garantizar entornos laborales seguros y saludables. No es justo que, ante esta situación, se recurra a subir los coeficientes que afectan directamente a la cotización de los trabajadores y a los costes de las empresas.

En su lugar, pedimos lo que realmente puede prevenir las bajas por incapacidad temporal: programas de prevención, formación en seguridad y mejoras en las condiciones de trabajo.

Por último, advertimos sobre la desigualdad que puede generar la aplicación de coeficientes distintos para colectivos como el agrario o el autónomo. Estas diferencias deben analizarse con mirada crítica. No siempre responden a una necesidad real. A veces, solo profundizan las desigualdades en un sistema que ya presenta carencias serias en equidad y universalidad.

Replanteamiento del sistema de cotización

USO exige un replanteamiento integral del sistema de cotización y la adopción de políticas activas que prioricen la prevención y la dignidad de las personas trabajadoras. Es fundamental que los cambios normativos vengan acompañados de inversiones reales en áreas como la seguridad laboral, la formación específica en riesgos y la mejora de las condiciones de higiene y trabajo, para que no se convierta la solución financiera en otro instrumento de explotación.

En última instancia, la defensa de los derechos de los trabajadores debe ser el eje central de cualquier reforma en materia de Seguridad Social, y no queda otra que cuestionar y exigir un modelo más justo y equitativo.

Este resumen crítico pone en evidencia la preocupación de USO por un modelo de financiación que parece privilegiar ajustes financieros sobre verdaderas mejoras en el entorno laboral. La defensa de los derechos de los trabajadores demanda respuestas integrales y no la simple aplicación de coeficientes que, en última instancia, podrían repercutir negativamente en la capacidad adquisitiva y en la estabilidad de quienes, día a día, sostienen el tejido productivo del país.