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El reglamento europeo de retornos, nueva política migratoria, criminaliza la migración y plantea serias amenazas para los derechos de las personas migrantes

El 1 de junio, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo acordaron un nuevo reglamento de retornos diseñado para acelerar y estandarizar las expulsiones de migrantes en situación irregular.

El reglamento incluye cooperación obligatoria de migrantes con órdenes de retorno, reconocimiento mutuo de decisiones entre Estados miembros y la posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países.

Entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, con aplicación plena en 12 meses.

USO, preocupado por el riesgo que supone contra los derechos humanos

Desde USO mostramos nuestra preocupación y alzamos la voz contra las políticas migratorias que se están estableciendo en el marco europeo. Estas medidas suponen un riesgo significativo contra los derechos humanos de la población migrante en situación irregular.

Esta serie de medidas incluidas en el reglamento de retornos se presentan como parte del Pacto Europeo sobre migración y asilo. La política migratoria se hace más restrictiva y endurece los requisitos y condiciones para la entrada de población migrante en los países que forman parte del acuerdo.

“Con estas medidas, los derechos de las personas migrantes pasan a un segundo lugar en Europa. No podemos permanecer indiferentes ante una política migratoria que criminaliza y aumenta el riesgo de vulneración a los derechos humanos de las personas migrantes”, reflexiona Marisa Madrid, secretaria de Comunicación e Igualdad de USO.

El reglamento abre la puerta a violaciones de derechos humanos bajo el pretexto de seguridad. Preocupan especialmente tres medidas: la ampliación de detenciones administrativas, el endurecimiento de sanciones contra migrantes que rechacen cooperar con retornos, y centros en terceros países que funcionarían como destino final o punto de tránsito hacia el país de origen.

Centros de retorno y derecho internacional y europeo

Expertos, organizaciones de derechos humanos y varios Gobiernos europeos cuestionan si estos centros cumplen con el derecho internacional y europeo.

El Gobierno de España ha rechazado estas medidas porque violan estándares internacionales y compromisos adquiridos. Especialmente preocupan cuatro aspectos: falta de control efectivo de los centros, acceso limitado a asistencia jurídica, protección internacional insuficiente y violación del principio de no devolución.

“Los centros de retorno para migrantes en el contexto actual y con la narrativa que se está construyendo en torno a la migración corren el riesgo de convertirse en espacios de internamiento alejados del control democrático y de las garantías de protección a los derechos fundamentales” apunta Madrid.

La población migrante, fundamental en Europa

USO rechaza estas medidas porque la población migrante no debe ser criminalizada. Al contrario: es fundamental para Europa, tanto en el mercado laboral como en cuestiones demográficas, cohesión social y cuidados.

Por tanto, es urgente garantizar derechos a las personas migrantes. Necesitamos abandonar la visión utilitarista y criminalizadora de la migración. En su lugar, debemos construir una política basada en derechos humanos y dignidad, que integre la multiculturalidad y rechace explícitamente la xenofobia y el racismo.

Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestro apoyo a la regularización extraordinaria de personas migrantes que se está llevando a cabo hasta finales de junio en nuestro país. Debemos recordar que la irregularidad administrativa de la población migrante favorece la explotación laboral y la creación de economías sumergidas.

Esperamos que las políticas migratorias en España no den un vuelco rotundo hacia el modelo que está configurando Europa, sabemos que formamos parte de una comunidad, pero es esencial poner en el centro de las políticas públicas a las personas y sus derechos.

Desde USO seguiremos acompañando los procesos legislativos y la gestión migratoria, tanto a nivel nacional como europeo, y recordamos que la gestión migratoria debe combinar el respeto a los derechos humanos con la ampliación de vías legales y seguras de migración, políticas eficaces de integración, protección frente a la explotación laboral y mecanismos de cooperación internacional que sitúen a las personas en el centro de las decisiones públicas.

Los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, el interés superior de la infancia y el respeto a la dignidad y derechos de todas las personas son principios del derecho internacional que deben ser observados y garantizados. El retorno no puede ser la única respuesta a los desafíos migratorios.