La Comisión Ejecutiva Confederal de USO ha condenado sin paliativos el golpe de estado en Turquía provocado por algunas facciones de su ejército en la noche del pasado día 15 de julio. Como es obvio, los responsables intelectuales y materiales de tal acción, así como quienes han asesinado o herido a las cuantiosas víctimas –más de 230 muertos y casi 1.500 heridos-, merecen ser juzgados y condenados de acuerdo a las leyes.
Ello no es obstáculo para que USO alerte sobre los graves riesgos de represión que está sufriendo la ciudadanía del país y pida la máxima atención de la comunidad internacional, especialmente sobre los sindicatos y las organizaciones o asociaciones defensoras de los derechos humanos, la paz y la democracia. La actitud del presidente Erdogan y de su Gobierno desde la noche de autos, no hace sino confirmar que en el país otomano se está produciendo una escalada aún mayor de la violación de los derechos humanos y civiles desde el minuto uno de fracasar la intentona golpista.
En este mismo sentido la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha avisado de que Turquía estaría “un paso más cerca de la dictadura tras el deplorable Golpe de Estado fallido“. Tanto la CSI como USO han manifestado su profunda inquietud por el despido de cerca de 3.000 fiscales y jueces, así como 8.000 agentes de la policía y un elevado número de funcionarios, como secuela del fallido golpe.
Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, ha comentado, “la celeridad con que el Gobierno del presidente Erdogan ha actuado para despedir a miles de jueces, fiscales, agentes de la policía, numerosos funcionarios civiles y otros empleados es motivo de honda preocupación. Aunque el intento golpista fracasó, la democracia sigue amenazada, teniendo en cuenta que las autoridades parecen estar determinadas a consolidar aún más su poder, sin importar las consecuencias para el pueblo turco y para sus vecinos”.
Se ha tenido noticia de que 6.000 personas en total han sido arrestadas desde el intento de Golpe de Estado.
En los últimos años se ha constatado un serio debilitamiento de las libertades democráticas y los derechos humanos en Turquía, donde sindicalistas, periodistas y académicos se han convertido particularmente en blanco de la represión por parte del Estado. En mayo de este año, la CSI informó que más 1.000 sindicalistas estaban siendo investigados por su participación en un acto pidiendo paz y democracia. Unos 284 están exilados o han sido transferidos, 403 fueron obligados a retirarse, 102 están siendo investigados y 97 han sido acusados de “insultos al Presidente”.
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