De nuevo han sido los tribunales quienes enmiendan las políticas de recorte de derechos del gobierno del PP. En este caso, el pleno del Tribunal Constitucional se pronunció a finales de julio declarando la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas judiciales exigidas a las personas jurídicas, por entender que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.
Este fallo es una nueva victoria de las organizaciones que, como USO, conformamos la Plataforma Justicia para Todos y que llevamos luchando contra esta imposición injusta desde que se aprobara, por iniciativa del ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Desde USO mostramos desde un principio nuestro total rechazo a esta ley que entendemos tenía un marcado afán recaudatorio y vulneraba preceptos constitucionales, en cuanto a la tutela judicial efectiva y derechos fundamentales como es el acceso a la justicia por parte de toda la ciudadanía y el derecho de libertad sindical. Por ello, unimos nuestras fuerzas con otras organizaciones en la Plataforma Justicia para Todos con el objetivo común de derogar esta ley. Para ello, el primer paso fue reunirse, en enero de 2013, con la Defensora del Pueblo para pedirle que promoviera recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas por considerar que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.1 de la Constitución española.
Desde la Plataforma también se llevó a cabo una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para solicitar que promovieran el pertinente recurso de inconstitucionalidad. Finalmente fue el Grupo Socialista quien interpuso dicho recurso.
En febrero de 2015, se consiguió el primer gran logro que fue la supresión de las tasas judiciales para personas físicas. Desde USO exigíamos entonces conocer el destino de los 512 millones de euros recaudados a través del cobro de las tasas judiciales, que desde el Ministerio de Justicia se declaró que desconocía y que, parece ser, se sigue desconociendo.
Desde USO celebramos el fallo del Constitucional, pero echamos en falta que en la sentencia se hubiera ordenado la devolución de las cantidades pagadas, para reparar en parte el daño que esta ley restrictiva e injusta llevó a cabo. De nuevo volvemos a preguntarnos cuál ha sido el destino de las cantidades recaudadas.
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