La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO ha participado en la manifestación que hoy ha recorrido las calles del centro de Madrid por el fin de los contratos en fraude de ley en las Administraciones Públicas. “Hay actualmente 700.000 trabajadores en España con contratos en fraude de ley en el conjunto de la Administración, ya sea estatal, autonómica o local. En algunos casos, hay una relación incluso de en torno al 40% de contratos de ese tipo, ya sean temporales o interinos, con respecto al total de personal de esa plantilla”, denuncia Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.

El sindicato USO, a través de su Federación de Atención a la Ciudadanía lleva tiempo reivindicando una solución para trabajadores que pueden acumular incluso 25 años en esta situación sin que se les proponga ninguna solución: “le hemos presentado a todos los grupos parlamentarios una propuesta de salida, que pasa por articular el Trebep y establecer un concurso extraordinario mediante ley para conseguir esa fijeza, algo que también se está reclamando desde la Unión Europea por ser completamente irregular”, continúa Deleito.

Los pasos que llegan desde el ámbito de la Unión Europea van en este camino, pues “países como Portugal han sido ya sancionados con la fijeza de este tipo de contratos y estamos pendientes de que, en poco más de un mes, el 19 de marzo, se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación, en concreto, a los casos españoles. Esta sentencia marcará un antes y un después pues, resuelva como lo resuelva, supondrá un escenario que la Administración Pública deberá resolver”, avanza el secretario general de FAC-USO.

Trabajadores del CSIC, bomberos, de diferentes administraciones andaluzas, USO-Madrid y la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, Sara García, han sido algunos de los manifestantes que han formado parte de la delegación liderada por FAC-USO para esta gran movilización de asociaciones y colectivos de interinos donde solo USO, de entre los grandes sindicatos de nuestro país, no está vetado por su falta de apoyo a casi un millón de trabajadores.