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El sindicato denuncia 17.070 agresiones a empleados públicos en 2024 y 2 asesinatos en 2025, exigiendo protocolos urgentes y tolerancia cero

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) ha puesto en marcha la campaña “STOP Agresiones” con el objetivo de frenar la escalada de violencia externa que sufren los trabajadores del sector público en España. Bajo el lema “Agredirme no es la solución. Respetarme, sí”, esta iniciativa busca visibilizar una realidad alarmante que afecta a profesionales de sanidad, bienestar social, administración, prisiones y otros servicios esenciales.

Una crisis que se agrava: los datos que alarman

Los números hablan por sí solos y dibujan un panorama preocupante. En 2024 se registraron 17.070 agresiones en la sanidad pública, lo que supone un incremento del 16% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 14.706 casos.

Pero la situación ha alcanzado su punto más dramático en 2025 con dos trabajadoras asesinadas mientras desempeñaban su labor: una en un centro de inserción sociolaboral en Extremadura y otra en el sector de ayuda a domicilio en Galicia.

La violencia se extiende por todos los ámbitos del servicio público. Andalucía registró en 2024 la cifra récord de 1.866 agresiones, de las cuales 362 fueron físicas. Instituciones Penitenciarias contabilizaron 281 agresiones solo entre enero y mayo de 2025, mientras que en el SEPE el aumento fue del 60,4% en 2023 respecto al año anterior.

Víctimas invisibles que la Administración no protege

La campaña “STOP Agresiones” de FAC-USO se ha presentado en rueda de prensa en Santander, denunciando la invisibilidad del problema en muchos sectores públicos. Y es que, los casos se diluyen en la estadística general de accidentes laborales. Y lo que no se nombra no se protege.

Ana Avilés, secretaria de Prevención y Salud Laboral de FAC-USO, ha explicado que “nuestro día a día son insultos, amenazas, humillaciones, agresiones físicas. Nos llegan casos de agresiones externas a diario en los diferentes sectores públicos”, quien subraya además que “estos casos no son estadísticas frías: son rostros, vidas, compañeros y compañeras que han visto vulnerada su seguridad, su salud y, en algunos casos, su propia existencia”.

Cinco demandas urgentes para acabar con la impunidad

Desde FAC-USO reclaman medidas inmediatas para hacer frente al elevado número de agresiones contra los empleados públicos:

  • Protocolos efectivos. Mejora de los sistemas de prevención y actuación, con protocolos actualizados y medidas de seguridad reforzadas.
  • Transparencia total. Registro obligatorio y transparente de todas las agresiones para evitar que los casos queden ocultos.
  • Apoyo integral: asistencia médica, psicológica y jurídica inmediata para las víctimas de agresiones.
  • Formación específica: capacitación del personal funcionario para prevenir y gestionar situaciones de violencia.
  • Tolerancia cero: campañas institucionales de concienciación y aplicación de sanciones contundentes a los agresores.

Las causas de fondo: recortes y falta de recursos

La Federación de Atención a la Ciudadanía del sindicato USO apunta directamente a las causas estructurales que alimentan esta violencia: los recortes en los servicios públicos, las deficiencias organizativas y la falta de recursos humanos y materiales.

Para FAC-USO, reconocer y analizar estas causas resulta imprescindible para adoptar medidas eficaces que erradiquen definitivamente esta realidad. La organización sindical exige a las Administraciones que asuman su responsabilidad como garantes de la seguridad y salud del personal público, implementando mejoras reales en los protocolos de protección.

Es más necesario que nunca defender el derecho de los empleados y empleadas públicas a una protección integral en el trabajo. La campaña “STOP Agresiones representa un llamamiento urgente para que las instituciones públicas no miren hacia otro lado ante una realidad que pone en riesgo la vida de quienes dedican su trabajo al servicio de la ciudadanía.

Los profesionales que atienden los servicios públicos merecen respeto y seguridad, demanda que no debería ser objeto de debate sino una garantía básica en cualquier sociedad democrática.