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Las mujeres perciben más pensiones no contributivas o, de haber cotizado, la cuantía es menor que para los hombres por la desigualdad de carreras

El envejecimiento de la población en España es un desafío estructural que se conjuga con un sistema de pensiones con serias problemáticas respecto a su sostenibilidad y desigualdad. Para ello, desde hace años, se han emprendido una serie de reformas al sistema de pensiones que pretenden fortalecerlo y hacerlo viable. Reformas que, sin embargo, amenazan el sistema más de lo que lo protegen.

En España, el principal sostén de las personas pensionistas es el sistema público, seguido muy de lejos de planes de pensiones de empleo y, en tercer lugar, el ahorro individual. En 2024, de acuerdo con el informe de Closingap, solo el 11,2 % de la población contaba con un mecanismo de ahorro privado o colectivo para la jubilación.

A día de hoy, podemos apreciar que la edad media de retiro en España ha pasado de 64,2 años de 2018 a 65,2 en 2024. Además, las jubilaciones anticipadas han ido a la baja, pasando de un 43 % al 29,6 %, y las jubilaciones demoradas han aumentado: del 4,5 % al 9,3 % en el mismo periodo.

Junto a ello, la dependencia económica es creciente. Esto quiere decir que hay más población económicamente activa haciéndose cargo y/o apoyando a población que no se encuentra en edad de trabajar; es decir, niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, así como personas de 64 años o más. En ese sentido, la tasa de dependencia económica se sitúa en 53 %. Sin embargo, se prevé que suba al 69 % en los próximos 20 años.

Pensiones y vulnerabilidad

Esta situación nos deja claro que algo está fallando en nuestro sistema de pensiones. Ahora, las personas trabajan más tiempo y se jubilan después, debido a que los ingresos que percibirán una vez que asuman la jubilación no les permitirán hacer frente a sus cargas económicas, o bien para incrementar en lo posible la pensión de jubilación.

Ante este panorama, el bienestar financiero de las personas adultas mayores es un tema preocupante en España, en el cual se conjugan diversos factores que determinan los ingresos en la vejez. En ese sentido, no solo resultan relevantes las pensiones públicas, sino también el patrimonio acumulado y los costes asociados a la dependencia. En conjunto, nos da una idea integral de lo que significaría una vejez con calidad de vida adecuada, ya que no solo se deben contabilizar los recursos a los que se accede en el sistema de pensiones en España, sino también tener presentes las cargas económicas que suponen los cuidados para las personas adultas mayores.

Así, podemos apreciar que, en España, la calidad de vida en la vejez está condicionada a la capacidad de ahorro y de previsión de las personas adultas mayores y no está siendo garantizada por el Estado: ni en ingresos para garantizar los mínimos necesarios para una vejez digna ni en un sistema de cuidados que permita aminorar los gastos y los impactos de estas tareas ante una situación de dependencia.

Todo ello demuestra una situación agravada para las personas en edad de trabajar, que tienen que asumir costes y cargas ante una dependencia económica, que, dicho sea de paso, en muchos casos debe ser asumida por personas con salarios bajos, que las someten a una situación de supervivencia. Con todo ello, podemos entender que entramos en un desafortunado circulo de dependencia, precariedad y pobreza o riesgo de pobreza que, de no atenderse integralmente, perpetuará las desigualdades.

La brecha de género en la jubilación

Dentro de este sistema desafortunado, las mujeres son quienes llevan la peor parte. Ellas tienen un menor acceso a pensiones de jubilación y dependen en mayor medida de pensiones no contributivas. En 2024, solo el 57 % de las mujeres percibía una pensión de jubilación, frente a un 82 % de los hombres. En contraste, en torno al 30 % de mujeres recibían una pensión de viudedad, frente al 1 % de los hombres.

Esto se debe en gran medida a las trayectorias laborales de las mujeres, que, en muchos casos, son fragmentadas y discontinuas. Al final, ocasiona una menor acumulación de derechos contributivos y, por tanto, un menor acceso a pensiones de jubilación. Así, tenemos que las jubilaciones no contributivas o asistenciales se encuentran feminizadas. En 2024, el 72 % de las pensiones no contributivas de jubilación y el 83 % de las pensiones asistenciales fueron recibidas por mujeres.

Ahora bien, cuando las mujeres logran obtener una pensión contributiva, perciben de media 1.100 euros mensuales, frente a los 1.600 euros de los hombres: la brecha de género en las pensiones es del 31,9 %, 510 euros menos al mes para las mujeres.

Las pensiones, resultado de la desigualdad

Como regla general, las mujeres reciben menores ingresos y, además, tienen una esperanza de vida mayor. Esto se traduce, por lo tanto, en una peor calidad de vida conforme avanza la edad. Closingap ha estimado que los costes derivados de la dependencia entre los 65 y 69 años rondan los 5.800 euros al año, mientras que, a partir de los 80 años, suponen en promedio 23.000 euros anuales. Si bien es cierto que los costes se estiman para mujeres y hombres por igual, la constante es que las mujeres tienen pensiones más bajas y, en general, menos recursos económicos. Por eso, el impacto económico es mucho mayor para ellas.

Estas diferencias económicas no son casuales. Las pensiones diferentes son producto de un sistema de desigualdades estructurales que vulneran los derechos de las mujeres sistemáticamente y generan desigualdades económicas que condicionan su calidad de vida. Es por ello, que, desde USO, exigimos incorporar el enfoque de género en las pensiones y establecer medidas integrales para garantizar la igualdad salarial. Al tiempo, los salarios deben ser suficientes y dignos para poder combatir este sistema de desigualdad vigente hasta ahora en nuestro país.

Además, necesitamos una apuesta política decidida de cuidados. Esto permitirá atender a las necesidades actuales de la dependencia y aminorar las cargas que suponen, fundamentalmente para las mujeres.

Si no queremos perpetuar las desigualdades y luchar contra la pobreza y exclusión social, necesitamos cambiar de ruta urgentemente.