En el Día Internacional de la Enfermería, USO quiere evidenciar la sobrecarga física, mental y de peligrosidad que soportan los profesionales sanitarios
USO quiere aprovechar este Día Internacional de la Enfermería para agradecer a todos los profesionales sanitarios, de todas las categorías, su vocación de servicio y su labor por la salud de la población en general y de la trabajadora en particular. Sin embargo, también es el momento de denunciar que las instituciones públicas y empresas privadas utilizan esa vocación de los profesionales para ahorrar en salud y seguridad en el trabajo.
Esta estrategia, tan extendida, compromete gravemente la integridad física y la salud mental del personal sanitario, ignorando que la salud de quienes nos cuidan es un derecho fundamental blindado por el Artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). La vulneración sistemática de este deber de protección eficaz se traduce hoy en que más de la mitad de los profesionales soporten cargas físicas excesivas y una presión asistencial que resulta sencillamente asfixiante. Ante este escenario, es imperativo exigir una respuesta inmediata que se materialice en más inversión y mejores condiciones.
Problema estructural de la sanidad
El origen de esta situación es estructural y el Consejo General de Enfermería estima un déficit de 100.000 enfermeras para alcanzar la media de la UE (8,5 por cada 1.000 habitantes).
Esta escasez de personal es el motor de una precariedad laboral sostenida por contratos basura y turnos rotativos o extremadamente largos que alteran los ritmos circadianos. Además, la falta de seguridad en los centros ha normalizado las agresiones (18.500 registradas en el último año), provocando que más de un 60% de las enfermeras se haya planteado abandonar su profesión.
Esta situación deriva en una erosión de la salud mental, donde el agotamiento emocional o burnout, que ya afecta al 61% de la enfermería española, se trata errónea e intencionadamente como un problema individual y no como la consecuencia de un sistema fallido. Es urgente, por tanto, que riesgos como la fatiga por compasión sean incluidos de forma obligatoria en las evaluaciones de riesgos psicosociales.
Riesgos del personal sanitario
La reciente publicación por parte del INSST de la Síntesis de la evidencia sobre factores de riesgo psicosocial y salud mental en el personal sanitario (Año 2025) arroja datos demoledores sobre la situación psicosociales del personal sanitario en España. Sumados a los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del año 2020 sobre “Accidentes laborales y problemas de salud relacionados con el trabajo”, se revela que las actividades sanitarias presentan los niveles más altos de exposición a la presión temporal y sobrecarga de trabajo (45,2%) y al trato difícil con el público (32,6%).
Se trata de la segunda profesión con mayor exposición a la violencia o amenaza (12,8%) y a la inseguridad laboral (13,1%). De hecho, uno de cada cuatro accidentes con daño psicológico por agresiones y amenazas en España se produce en este sector. El escenario se agrava por la clara feminización de la enfermería (más del 70%), donde el conflicto trabajo-familia y la doble presencia cronifican el desgaste ante la dejación de las gerencias y direcciones en evaluar esta variable de género.
Falta de prevención
En el plano físico, la situación es igualmente intolerable. La movilización manual de pacientes somete al personal a sobreesfuerzos que derivan en una alta incidencia de trastornos musculoesqueléticos (TME). Resulta inasumible que, en pleno siglo XXI, la falta de ayudas mecánicas como grúas o camas eléctricas siga considerándose una variable aceptable, utilizando como “medida preventiva” la sobrecarga del personal para manipular cargas que, en muchas ocasiones, superan los 100 kg.
A esto se suma una exposición constante a agentes biológicos críticos (grupos 2, 3 y 4) y el riesgo percutáneo de contraer VIH o hepatitis. La manipulación de agentes citostáticos y el uso de formaldehído (ambas sustancias carcinógenas y mutágenas) exigen una vigilancia de la salud específica y unas medidas preventivas de primer nivel, tal y como dicta el RD 665/1997 para minimizar la exposición.
Finalmente, es necesario señalar el papel de las mutuas del trabajo, cuya gestión funciona a menudo bajo una lógica de control de costes que diluye la realidad del riesgo laboral.
Al calificar la ansiedad por sobrecarga o las secuelas de una agresión como “enfermedad común”, estas entidades desplazan la responsabilidad del sistema preventivo hacia la esfera privada del trabajador. Esta visión administrativa ignora que el burnout o el estrés postraumático son patologías derivadas de un entorno degradado que la ley obliga a proteger.
La protección eficaz de la enfermería exige el cumplimiento del RD 664/1997 y el Convenio 190 de la OIT mediante ratios seguras que no rompan los límites biomecánicos y psicosociales. La inversión en prevención es la única e indispensable vía para asegurar la vida de quienes sostienen nuestro sistema de salud.
























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