Salud laboral

El Consejo de Ministros aprueba crear la Secretaría General de Protección Civil y crea la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

El Gobierno ha elevado el rango del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) a Secretaría General y ha aprobado crear la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Tras un 28 de abril en el que desde USO hemos reivindicado la emergencia climática como un asunto prioritario en materia de prevención de riesgos laborales, el Consejo de Ministros establece la Secretaría General de Protección Civil y la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Este movimiento del Ejecutivo responde a tres objetivos. Por un lado, se busca que la Protección Civil deje de ser un servicio que solo aparece cuando hay un incendio o una inundación, y que la reducción de riesgos sea una política transversal.

De este modo, cualquier decisión estatal debe pasar ahora por el filtro de la seguridad y el análisis de riesgos climáticos. La reforma pretende que el Estado sea eficiente en todas las etapas de una crisis, anticipándose al fenómeno, centralizando la coordinación entre autonomías, empresas y Estado, y tratando de minimizar el tiempo de vuelta a la normalidad tras un suceso devastador.

Marco de Sendai

Con estos cambios, España responde a su obligación de cumplir con el Marco de Sendai (2015-2030) de la ONU. Este acuerdo internacional exige a los países reducir drásticamente la pérdida de vidas y los daños económicos por desastres. Al elevar el rango a Secretaría General, el Estado dota al sistema del presupuesto y la autoridad necesaria para que estos compromisos no se queden en papel mojado.

No obstante, el debate que nos ocupa debe desplazarse hacia la acción preventiva eficaz en los centros y lugares de trabajo y el reconocimiento de la especial peligrosidad de quienes operan en primera línea.

Riesgo climático en los centros de trabajo

Los riesgos climáticos siguen suponiendo un desafío para la RLPT. Porque, mientras el Gobierno apuesta por la planificación operativa, desde USO exigimos medidas eficaces, reales y directas que huyan de ambigüedades.

Por ejemplo, que la paralización de la actividad sea automática ante avisos naranja o rojos de la AEMET, eliminando cualquier discusión o demora en la toma de decisiones que puedan costar la vida de las personas trabajadoras ante estos eventos. Asimismo, reivindicamos que sectores como protección civil o bomberos se incluyan en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención como actividades de especial peligrosidad, dada su exposición a riesgos térmicos, químicos y biológicos extremos.

Ante el aumento de frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos, debemos exigir desde la RLPT protocolos de interrupción de actividad vinculados a alertas oficiales, sin esperar a la “valoración empresarial”.

La parte social debe vigilar que el hecho de que los servicios de emergencia tengan normas especiales para poder actuar rápido en las catástrofes no se convierta en una excusa permanente para que su personal esté desprotegido, tenga menos descansos o menos vigilancia médica que el resto. Por ello, y frente a la tendencia de externalizar mediante servicios ajenos o agentes territoriales, se debe priorizar la asunción de servicios de prevención propios y la formación de trabajadores designados con tiempo y medios reales.