El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado el recurso de GSW contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Santander que declaró nulo el despido de Ismael Anievas, sindicalista de la USO, condenando a la empresa a la readmisión inmediata y al pago de una indemnización de 9.000 euros en concepto de indemnización por vulneración de derechos de libertad sindical. Además, el TSJC condena en costas a GSW.
El TSJC ha ratificado punto por punto la dura sentencia del Juzgado Nº5, que calificó de “voluntad represiva” la actuación de GSW y que lo que perseguía con el “despido fulminante” del sindicalista era atemorizar a la plantilla para evitar la constitución del sindicato USO en la planta de Grupo Celsa en Cantabria.
Para USO, esta nueva sentencia del TSJC pone en evidencia de manera flagrante que “la dirección de GSW ha actuado con prácticas de coacción y de opresión contra los trabajadores, vulnerando sus derechos constitucionales”. El sindicato también señala a la directora de Recursos Humanos, Rosa Castrillo, inspectora de Trabajo en excedencia y ex directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, como promotora e instigadora de la represión sindical. Por ello, el sindicato iniciará las acciones oportunas para que responda sobre su actuación, tanto ante la Dirección General de Trabajo como ante la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Cantabria.
Por otro lado, esta resolución judicial “deja de nuevo en evidencia al Gobierno cántabro, que, lejos de exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores a las empresas que subvenciona con dinero público –15,5 millones la última ayuda a GSW-, mira para otro lado mientras se reprime a trabajadores sindicalistas”.
Cabe recordar que en las próximas semanas se celebrará el juicio del otro sindicalista despedido, delegado sindical de USO en la empresa. Por ello, sería buen momento para que Miguel Ángel Revilla se reuniera de nuevo, como hizo a comienzos de febrero, con el director de la planta, Javier Echávarri, para trasladarle que el compromiso de “colaboración del Gobierno para mantener la actividad y el empleo” anunciado en esa reunión no solo no se está cumpliendo, sino que se están produciendo prácticas empresariales que deberían estar totalmente erradicadas de una sociedad democrática como la nuestra.
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