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Tan solo cinco días después de las elecciones, el Gobierno en funciones ha vuelto a disponer de 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva, lo que deja entrever la difícil situación en la que se encuentran las arcas públicas de la Seguridad Social.

Desde 2011, la hucha de las pensiones ha pasado de 67.000 millones de euros a tan solo 25.176 millones, una cada vez más preocupante reducción del 60% en estos últimos 5 años. Y es que, además de utilizar este fondo para hacer frente a los pagos extra de las pensiones, también se ha empleado para abonar las bonificaciones a la contratación, cuando ésa no era su función.

Se trata de un problema que venimos arrastrando desde hace años y que no se ha querido abordar. Ni las políticas de los últimos ocho años en la materia, ni los AENC suscritos por las patronales y CCOO y UGT, han tenido en cuenta esta circunstancia, buscando soluciones cortoplacistas e ineficaces. Dos Gobiernos, dos pensionazos, dos reducciones de prestaciones por desempleo y dos Reformas Laborales durante este tiempo han precarizado hasta el extremo el mercado laboral, empobrecido a la ciudadanía y desestabilizado la actividad económica. Mientras tanto hemos seguido asistiendo a los injustos y vergonzantes incentivos, bonificaciones y ventajas fiscales de las grandes multinacionales con sus beneficios multimillonarios y que no han contribuido como debieran a paliar los efectos de la crisis. La mayor parte del esfuerzo ha recaído sobre la parte más débil.

Ni siquiera se han contemplado como estratégicas en esta materia otras políticas que apostaran por otro modelo productivo, por una necesaria reconversión industrial en España,  por el I+D+i,  por el  fomento y protección de la natalidad, por un sistema educativo y de formación para el empleo eficaz, o por políticas de conciliación y de fomento de la natalidad tan comunes en otros países de nuestro entorno. El resultado no es otro que estar sumidos en una incertidumbre económica constante, construyendo soluciones enclenques y dejando a merced de la realidad para la que no se han tomado las decisiones adecuadas, el cuestionamiento de nuestro estado de bienestar y de nuestro sistema de protección social.

La Reforma Laboral ha reactivado la precarización del mercado laboral. El subempleo, los contratos temporales, los precarios salarios y, por tanto, el descenso de las cotizaciones, han contribuido de manera notable a recortar los ingresos de esa hucha.

Por ello, es difícil abonar 17.000 millones en la paga extra de junio de los pensionistas y la paga ordinaria cuando los ingresos mensuales sólo alcanzan los 8.500 millones. Y ya ha anunciado Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, que a final de año habrá que volver a recurrir a la hucha de las pensiones para hacer frente a la paga extra de Navidad de funcionarios y trabajadores públicos.

Ante esta situación, desde USO, como sindicato independiente, urgimos a todas las fuerzas políticas a que, de una vez por todas, acometan una reforma estructural del sistema de pensiones, que garantice su futuro y continuidad, y que éstas se blinden en la Constitución como un derecho de la ciudadanía.

Sólo con empleo estable y salarios dignos, cambios en las políticas de fomento de la contratación que sólo apuesten por empleo de calidad, junto con una reforma fiscal en profundidad se pueden garantizar los ingresos que el sistema de Seguridad Social requiere.