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El secretario general elegido por el XII Congreso de USO-Illes Balears lidera una nueva ejecutiva centrada en la lucha contra la precariedad

El XII Congreso Extraordinario de USO-Illes Balears, “Defendemos tus derechos, con valores”, ha elegido a Juan Andrés Nogareda como nuevo secretario general. Se cierra así una etapa de interinidad organizativa y se proyecta un nuevo equipo directivo con un mandato claro: combatir la precariedad laboral y recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora en las Islas.

Nogareda asume la responsabilidad con una Comisión Ejecutiva integrada por Francisco Javier Rosauro, en la Secretaría de Organización; Miguel Martínez, en Acción Sindical y Salud Laboral; Rocío Martínez, al frente de Igualdad y Asuntos Sociales, y Miguel Amengual, en Comunicación y Formación Sindical. La Comisión de Garantías quedará presidida por Gladis Remedios Santana; Inés Cuenca como vicepresidenta, y Beatriz Moreno como secretaria de actas.

Un mandato sagrado, no un cheque en blanco

En su discurso de clausura, Nogareda ha expresado la dimensión del compromiso asumido: “asumo la Secretaría General con una profunda emoción, pero, por encima de todo, con una inmensa responsabilidad. Vuestro voto no es un cheque en blanco; es un mandato sagrado por trabajar, esforzarse al máximo y defender las siglas de nuestro sindicato en cada rincón de esta comunidad”.

Reconoció que las Islas Balears muestran “grandes cifras macroeconómicas”, pero advirtió de la necesidad de actuar con urgencia. “Hemos de trabajar conjuntamente para que este crecimiento se traduzca en una mejora real de las condiciones de vida de la clase trabajadora”, señaló. Subrayó que en 2026 “tener un empleo ha de ser una garantía sólida de bienestar y estabilidad”, algo que hoy no ocurre para millones de trabajadores. Y, para ello, “USO estará a cada mesa de negociación aportando soluciones de manera constructiva, pero firme”, ha defendido.

Pérez ante la nueva ejecutiva de USO-Illes Balears: “ser dirigente no es un cargo, es un compromiso”

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha dejado un mensaje claro a la recién elegida ejecutiva balear: la Confederación completa está respaldando el nuevo liderazgo, pero la responsabilidad es enorme. “Recordad que ser dirigente no es un cargo, es un compromiso”, advirtió Pérez ante delegados y autoridades, y “no podemos quedarnos en celebrar el récord de afiliación y representatividad. Hemos de seguir creciendo para poder hacer más, para ser más fuertes”.

Su intervención fue además una radiografía sin concesiones del mercado laboral español y balear, diagnosticando problemas que exigen soluciones estructurales, no parches. Pérez comenzó exponiendo un dato que resume todo lo que está fallando: los contratos duran en promedio 46,82 días, diez días menos que en 2021. “Nos dicen que ha bajado la temporalidad, pero eso es un espejismo”, denunció. En el sector público, donde el Gobierno debería ser ejemplar, la temporalidad sigue superando el 30% entre mujeres. Los gobiernos no pueden predicar estabilidad laboral mientras contratan de forma precaria.

Hay otro dato que Pérez ha subrayado con contundencia: 1,3 millones de personas sin trabajo que simplemente desaparecen de las cifras oficiales de “paro registrado”. Más dramático aún: los fijos discontinuos inactivos que han aumentado un 150%. “Exigimos que se llame a las cosas por su nombre: quien no tiene ocupación y busca empleo debe ser contado como parado”, afirmó el secretario general confederal.
Este paro oculto es el verdadero fracaso de las políticas de empleo. No están creando puestos estables, sino fragmentando el empleo existente y ocultando desempleo real bajo categorías administrativas que lo hacen desaparecer de los reportes públicos.

Demandas que no pueden esperar

Pérez fue específico sobre qué debe cambiar. Primero, una reforma integral del despido que convierta la estabilidad en regla, no en excepción. Segundo, reducción de jornada comenzando por las 37,5 horas semanales sin disminución salarial, como forma de redistribuir el trabajo disponible entre más personas de forma digna.

También, recuperar el poder adquisitivo, ligando los salarios al coste de la vida a través de cláusulas de revisión en los convenios y actualización automática del SMI por ley. Y conciliación real con horarios racionales, derecho a desconexión digital y permisos parentales ampliados hasta los 8 años, para frenar la brecha de género.

Además, Pérez ha advertido sobre el peligro emergente que suponen la digitalización y la IA, que “no pueden ser los nuevos nombres de la vieja exclusión”. Para ello, es más que necesaria una regulación clara: transparencia en cómo funcionan estos sistemas, protección de datos y privacidad de trabajadores, y prohibición de discriminación algorítmica.

Tampoco ha obviado el futuro incierto al que se enfrente la juventud actual, porque “no podemos tolerar que nuestra juventud vea la pensión como un mito o el acceso a la vivienda como un sueño lejano” y, apuntó, a que son fracasos políticos concretos que requieren intervención estatal: políticas de vivienda pública masiva, fiscalidad justa que no penalice el trabajo de jóvenes, salarios que permitan independencia económica real.