, , Internacional

Índice Global de los Derechos de la CSI 2026: deterioro global de libertades sindicales y restricciones al derecho de huelga

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha publicado una nueva edición de su Índice Global de los Derechos, informe de referencia que analiza anualmente el respeto de los derechos laborales y sindicales en 151 países.

La edición de 2026 vuelve a lanzar una seria advertencia sobre el deterioro de las libertades sindicales y democráticas en todo el mundo. En ella, se constata que los trabajadores y sus organizaciones afrontan un contexto cada vez más hostil para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, la negociación colectiva o el derecho de huelga.

Más ataques contra las libertades y debilitamiento de las instituciones

El informe de la CSI destaca un empeoramiento de algunos de los indicadores más preocupantes. Los ataques contra la libertad de expresión y reunión alcanzan ya al 50% de los países analizados, cifra más alta registrada hasta la fecha.

También aumentan los arrestos y detenciones de sindicalistas, documentados en la mitad de los países estudiados, mientras que los actos de violencia contra trabajadores y representantes sindicales se incrementan de forma significativa. La CSI denuncia igualmente una creciente persecución de dirigentes sindicales, el uso de tecnologías de vigilancia para controlar la actividad sindical y una preocupante reducción de los espacios de diálogo social.

El Índice identifica además una tendencia global de debilitamiento de las instituciones democráticas y de concentración del poder económico y político. Según la CSI, los ataques a los sindicatos y a la negociación colectiva forman parte de una estrategia más amplia que pretende limitar la capacidad de los trabajadores para defender sus intereses y participar en la vida democrática. En este contexto, la CSI insiste en que los sindicatos continúan siendo una de las principales fuerzas de defensa de la democracia, la justicia social y los derechos humanos.

A nivel regional, Europa y las Américas registran sus peores resultados desde que comenzó a elaborarse el Índice en 2014. Europa alcanza una puntuación media de 2,80, empeorando por cuarto año consecutivo, mientras que las Américas también retroceden y ven agravadas las restricciones a la actividad sindical y al ejercicio de los derechos colectivos.

España mantiene su calificación pero persisten preocupaciones

En el caso de España, la calificación otorgada por la CSI sobre derechos en 2026 se mantiene en el nivel 2. Éste corresponde a países donde se producen “violaciones repetidas de los derechos”.

Así, España conserva la misma valoración que ya obtuvo en 2025, permaneciendo entre los países con mejores resultados relativos dentro del contexto internacional, aunque lejos aún de los niveles más altos de protección de los derechos laborales.

No obstante, el informe de 2026 señala varios elementos de preocupación. La CSI denuncia restricciones al ejercicio del derecho de huelga por la aplicación de servicios mínimos y a una interpretación excesivamente amplia del concepto de servicios esenciales. Asimismo, menciona la existencia de prácticas antisindicales y represalias contra trabajadores por su participación en actividades sindicales. El informe también incluye a España entre los países donde se han documentado restricciones a la libertad sindical y donde se han producido intervenciones policiales o detenciones en el contexto de conflictos laborales y movilizaciones.

Frente a este escenario, desde USO consideramos que los resultados del Índice Global de los Derechos 2026 constituyen una llamada de atención para gobiernos, empleadores e instituciones internacionales. La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga sigue siendo una condición indispensable para garantizar el trabajo decente y fortalecer la democracia.

En un momento en el que aumentan las amenazas contra los derechos de las personas trabajadoras en numerosas regiones del mundo, el sindicalismo internacional debe seguir actuando de manera coordinada para proteger las libertades fundamentales y promover sociedades más justas, inclusivas y democráticas.