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La subida del SMI y del resto de salarios para 2024, junto con algunas actuaciones en materia de precios, deben tomarse este mes

Ni el SMI del 2024 ni la subida de los salarios pueden esperar más. Es una ley no escrita que todo Gobierno nuevo tiene 100 días de cortesía para aterrizar y comenzar a tomar medidas. Sin embargo, no puede ser el caso de este Gobierno. La continuidad en las áreas más relacionadas con lo laboral y la parálisis legislativa a la que ha estado sometido el país en el último medio año obliga a Ejecutivo y Legislativo a un esfuerzo extra de celeridad.

“Antes de fin de año, y somos conscientes de que solo queda un mes, se tienen que haber tomado medidas concretas en materia salarial para que no se agrave aún más la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Y, para ello, urgimos al Gobierno y a sus apoyos, pero también llamamos a la responsabilidad de la oposición. El bienestar de la gran mayoría de la población no puede ser una pelota política”, pide Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Subida del SMI para 2024

Sobre la subida salarial, Pérez incide en que “no se pueden equiparar sueldos, digamos, normales, con el SMI. Todo el mundo entendía que las pensiones mínimas deben subir más que las más altas y lo mismo ocurre con los sueldos más bajos. El SMI no puede subir un 3 % ni podemos comprar ese argumento de la patronal. USO es muy crítico con el AENC, porque precisamente coarta una negociación colectiva pura, pero más lo somos con que se aplique al SMI. Un 3 % de 1.080 euros son 32 euros brutos al mes. Solo la subida de los alimentos ya es más del triple”.

El secretario general de USO recuerda que el sindicato siempre ha defendido los postulados de la Confederación Europea de Sindicatos en materia de salario mínimo, que es el 60 % de la media salarial de cada país. “Esto, con fluctuaciones trimestrales de las estadísticas, supone en torno a 1.250 euros. Somos conscientes de que no es viable una subida de 170 euros a 1 de enero de 2024, pero sí pedimos más del 3 %. Tampoco pensamos que debamos proponer una cifra al azar, sino un incremento justificado. Por eso, igual que noviembre se ha establecido como mes de referencia para las pensiones, también puede serlo para el SMI. El IPC ha sido del 3,8 %. Y proponemos un 1,75 % extra de recuperación, que, en realidad, todos sabemos que es necesario porque la subida del IPC no es homogénea, sino que ha sido mucho más pronunciada en los productos básicos”, expone Joaquín Pérez.

El 1,75 % procede de ponderar al doble el peso los productos más básicos que componen el IPC: alimentación, vivienda y transporte. “La petición de USO es más que responsable, puesto que precisamente esos grupos han subido incluso más del doble que la media”, recuerda Pérez.

De esta forma, el SMI subiría un 5,55 %, hasta los 1.139,4 mensuales, en 14 pagas. El total de retribución anual se incrementaría en 846,72 euros, hasta los 15.951,60. “Y debe contemplar, a su vez, que se aplique al salario base y que no se absorban otros complementos o remuneraciones. Eso supondría, en la práctica, una subida de 0 euros”, apostilla.

SMI y contratación pública y de servicios

En USO también nos preocupa la falta de correlación entre la subida del SMI y la revalorización de los contratos de servicios. “Especialmente los públicos, porque es lo más incongruente, pero también los privados. Los ministerios no pueden trabajar disociados. Si se sube el SMI año a año, desde la Administración Pública, y con extensión a toda la Administración local y autonómica, deben trasvasarse esas subidas a las de los concursos. Si se contrata un servicio con una empresa a tres años a un precio, no puedes obligarla a asumir una subida salarial de la plantilla sin revisar a su vez ese contrato. Porque, al final, siempre lo va a pagar el trabajador, con recorte de derechos o, directamente, dejando de pagar a mitad del contrato”, expone el secretario general de USO.

Por ello, “debe articularse un mecanismo de revaloración en la ley de contratación pública, extensible a la contratación de servicios externos por parte de la empresa privada. Hay que tener en cuenta que precisamente estos servicios externos, como limpieza, vigilancia o catering, son algunos de los sectores donde más SMI hay”, incide Joaquín Pérez.

Política fiscal para los salarios

España tiene una deuda arrastrada de Gobierno en Gobierno, que cada cual parchea en función de las circunstancias, que es la fiscalidad. “Una herencia debida a la falta de valentía para acometer la reforma fiscal que necesitamos y que, para algunos sectores, será impopular. Pero es precisamente la labor del Congreso, elegido por todos, aunar esfuerzos para una reforma de este calado”, considera el máximo dirigente de USO.

En concreto, el anuncio del récord de recaudación de Hacienda nos da varias señales: “por un lado, que puede hacerse política fiscal social, ya que no peligra la financiación de los servicios públicos. Por otro, que si no están subiendo las horas trabajadas y no se revalorizan los salarios al ritmo de la inflación, esa recaudación extra viene por el ingente aumento de beneficios empresariales”. Así, USO propone actuar en materia de salarios también por la vía impositiva.

El IRPF, al contrario del IVA, “es un impuesto más progresivo y de redistribución de la riqueza. Pero los tramos, en las rentas más bajas, aún suponen escalones muy altos. Una persona que perciba 12.450 euros al año, que apenas son 1.000 euros mensuales brutos, pagará el 19 % en impuestos. Pero es que una persona que salte a 12.451 euros, que sigue siendo igual de pobre, pasa al 24 %. Y en el tramo de 20.200 a 35.199, donde empezamos a hablar de salarios dignos, sube directamente al 30 %”, explica Joaquín Pérez.

“Esto puede traer consigo que una subida irrisoria del salario, de un 1 %, suponga para algunos, al final, una bajada al cambiar de tramo, pasando a pagar un 5 o un 6 % más. En los salarios bajos, esto no es progresivo, es un salto sin paracaídas. Por ello, consideramos que estos tramos, incluyendo el de más de 35.200 euros anuales, deben dividirse aún y que los saltos sean en porcentajes menores”, pide USO.

Control de precios vía impuestos

Otra medida urgente en materia fiscal es mantener las exenciones de los productos básicos. “Se ha anunciado que se hará, pero no en qué productos y cómo se controlará. Comer sano es un derecho, no puede haber una brecha social de alimentación. Por ello, productos cárnicos y pescado deben incluirse en un paquete de exención impositiva, junto con la energía en el hogar y el transporte público”.

No obstante, y más allá de la actuación urgente mediante la fiscalidad, “la UE en su conjunto, no solo España, deben atajar el control de precios. Los precios de venta al público están desconectados de los precios de producción. Estos últimos apenas se han incrementado, a pesar de soportar un mayor coste de producción. Esto quiere decir que las subidas se pierden en los intermediarios, con aumentos de los márgenes de beneficio muy por encima de lo ético”, censura Joaquín Pérez.

“Los beneficios onerosos deben ser onerosamente gravados. Y, si hay pruebas de que algunas distribuidoras han absorbido la bajada del IVA, los ministerios deben actuar ya. No vale pasarse la pelota de Hacienda a Consumo y de Consumo a Economía. Cuando se adopta una medida o se promulga una ley, debe estar claro qué órgano debe vigilar su cumplimiento”, recrimina el sindicalista.

Subida salarial generalizada

Si bien la subida entre las rentas más bajas es perentoria, “el conjunto de los salarios necesita una subida importante para recuperarse. No eres rico por cobrar 1.100 euros en lugar de 1.080. Los salarios en España son bajos, es incontestable, y ya no valen las excusas de que la vida en España es más barata y no nos podemos comparar con otros países. La inflación de estos dos últimos años no nos coloca en buena posición de precios, como hemos analizado antes. Por ello, también debe haber un empuje para todos. La primera medida que pedimos es que el diálogo social no cape la capacidad de negociación colectiva de comités y comisiones negociadoras”, pide Joaquín Pérez.

“El AENC no solo se nos usa en contra en las mesas de negociación al resto de sindicatos, sino que son tan osados que, en un contexto económico tan volátil como el actual, nos deja maniatados para varios años. Es osado, imprudente e inefectivo. Porque no se usa para una subida generalizada del 3 % (hay muchos convenios firmados por debajo), pero sí para ponerlo como tope. O, como en el caso del SMI, se vuelve un bumerán contra todos los trabajadores”, concluye el secretario general de USO.

Políticas para desempleados de larga duración y mayores de 45 años

El anuncio hecho por el secretario de Estado de Economía en cuanto a recortar el subsidio por desempleo, elevando la edad de acceso a 60 años y reduciendo el periodo de cobro de la ayuda a 12 meses, ha encendido la alarma.

En este sentido, USO lleva tiempo alertando de la ineficacia de las políticas a favor del empleo de parados de larga duración y para mayores de 45. “Las políticas activas de empleo han desperdiciado cientos de millones con un resultado muy decepcionante. Y, de nuevo, la solución a esas malas políticas, ahora, quieren que las paguen las propias víctimas”, critica Pérez.
El colectivo al que se dirige este subsidio son personas expulsadas del mercado laboral, que tienen serias dificultades para volver a él y para los que las distintas Administraciones no han tenido respuesta. “No se les debería señalar, se les debería proteger y facilitar su incorporación. Por ello, USO defiende que, de forma transversal, se pongan en marcha otras políticas a medio plazo, de incentivos en su contratación, formación realmente dirigida a los nichos de empleo y garantizando que no caigan en la exclusión o pobreza severa que les atrapa aún más en esa situación”, defiende el secretario general de USO.

“La anterior legislatura se cerró sin los deberes hechos. Había un compromiso del Ministerio de Trabajo para reformar el sistema de protección por desempleo asistencial, mejorando el subsidio de desempleo y su gestión, los criterios para el acceso, y la cobertura de los mismos, ampliándola. Pero ahora se quiere ir en otra dirección, lanzando la sospecha de que los perceptores no quieren trabajar. Para obligar a una persona a aceptar el empleo que sea, el propio SEPE tiene que ser un órgano activo y analizar que esas ofertas son dignas: que no haya jornadas ridículas, que no sean de unos días, que no obliguen al trabajador a desplazarse…”, exige Pérez.

Joaquín Pérez recuerda que las prestaciones ya sufren, después del primer semestre de recepción, una caída hasta los 480 euros como máximo. “Un montante puramente asistencial, siendo muy común que sea menor al proceder de empleos con jornadas parciales”.

Por último, “desde USO consideramos que se deben unificar, de una vez, los subsidios y no que sigan siendo un enredo incomprensible para mucha gente. A ello sumamos que se debe suprimir la necesidad de optar, si se aprueba una nueva prestación sin haber agotado la anterior, entre continuar con el cobro de la prestación antigua o percibir la nueva. Las prestaciones no agotadas se deben acumular a la nueva que se pueda generar, manteniendo el máximo de 2 años”.