Accidentes laborales en marzo 2026: cifras récord y un 21,5% más de muertes que el año anterior

Marzo de 2026 ha vuelto a teñirse de negro con casi 50.000 accidentes laborales y más muertes en el trabajo que el año anterior. Hasta marzo se registraron 49.467 accidentes con baja en todo el territorio. De ellos, 42.235 ocurrieron durante la jornada laboral y 7.232 fueron accidentes in itinere, en el trayecto de ida o vuelta al trabajo. Éste, el de la movilidad, es un aspecto que, aún en 2026, sigue recibiendo un tratamiento preventivo insuficiente. Urge más que nunca el desarrollo de protocolos de movilidad segura al trabajo.

Las víctimas mortales ascienden a 62. De ellas, 49 perdieron la vida en su puesto de trabajo (46 varones y 3 mujeres) y 13 fallecieron en accidente de tráfico laboral. Comparado con marzo de 2025 (51 muertes), el incremento es del 21,5%. Once familias más rotas en un solo mes.

Detrás de estos números, USO recuerda que sus alegaciones a la reforma de la LPRL insisten en la necesidad de herramientas vinculantes –como encuestas de clima laboral obligatorias– para detectar a tiempo el estrés y la sobrecarga que muchas veces acaban en infarto o en accidente por fatiga.

Más accidentes graves

Los accidentes graves también crecen: 303 en marzo (246 en jornada y 57 in itinere). En el conjunto del trimestre sumamos ya 815 accidentes graves, una cifra que evidencia la urgencia de implantar servicios de prevención propios (frente a la externalización masiva que está implantada en todo el tejido productivo y que denunciamos desde USO) como vía para integrar la seguridad en la gestión diaria de las empresas.

Acumulado del primer trimestre: 170 muertes, 143.833 accidentes con baja

En lo que va de 2026 (enero-marzo), los datos oficiales reflejan una sangría que no cesa:
• 170 víctimas mortales (146 en jornada, 24 in itinere).
• 143.833 accidentes con baja, un 1,2% más que en el mismo periodo de 2025.
• 121.051 accidentes sin baja (–1,9%).

La distribución de los accidentes en jornada por gravedad es la siguiente: 121.627 leves, 815 graves y 146 mortales. Es llamativo que 65 de las 170 muertes en el trabajo hayan sido por infartos o derrames cerebrales ocurridos en el puesto de trabajo. Detrás de esos 65 infartos mortales hay, en muchos casos, años de estrés crónico, sobrecarga o ritmos inhumanos. Sin embargo, la reforma de la LPRL que prepara el Gobierno sigue sin establecer herramientas vinculantes para evaluar los riesgos psicosociales, como exigimos desde USO.

En los accidentes in itinere, el total acumulado es de 21.245, con un aumento del 6,0% respecto al año anterior. El número de fallecidos en trayecto se mantiene en 24, un estancamiento que para USO demuestra la falta de planes de movilidad con perspectiva de género, ya que las mujeres soportan la mayor parte de esta siniestralidad.

Infartos, golpes y esguinces

Los datos oficiales nos dicen qué está acabando con la vida de las personas trabajadoras:

  • 65 muertes por infarto o derrame cerebral en jornada laboral.
  • 17 muertes por accidente de tráfico durante el trabajo.

La forma de contacto más habitual es el choque contra un objeto inmóvil (36.056 casos), y la lesión más común son las dislocaciones, esguinces y distensiones (47.007 casos).

Estas cifras no son inevitables. La reforma de la LPRL que se está tramitando debe incluir, tal como exigimos desde USO, herramientas obligatorias de diagnóstico psicosocial (encuestas anónimas, periódicas, con participación mínima del 75% de la plantilla) para prevenir el estrés crónico antes de que se convierta en infarto. También debe incluir la prohibición automática de trabajos al aire libre con alertas naranja o roja de la AEMET, porque cada ola de calor o cada DANA seguirá encontrando a personas trabajadoras expuestas por decisión empresarial, no por necesidad real.

Brecha de género: mujeres, más accidentes in itinere y mayor aumento

En lo que va de año, se han accidentado con baja 86.136 varones (70,3%) y 36.452 mujeres (29,7%), con una mortalidad en jornada muy desigual: 139 hombres frente a 7 mujeres. No es que ellas trabajen en entornos más seguros, sino que la segregación sectorial las concentra en servicios, limpieza o cuidados, donde la siniestralidad mortal es menor pero los accidentes in itinere y las enfermedades profesionales están infrarregistradas. Las mujeres sufren el 56,2% de los accidentes de trayecto (11.940), reflejo de la doble jornada y de unos horarios laborales que ignoran los trabajos de cuidados.

La siniestralidad femenina ha aumentado un 1,5% frente al 1,1% de los varones. La prevención sigue ignorando la variable de género en sus evaluaciones de riesgos. Además, el borrador de reforma de la LPRL menciona la perspectiva de género, pero no obliga a evaluar la doble jornada como riesgo específico ni exige protocolos de vigilancia diferenciados. Por eso exigimos paridad en los Comités de Seguridad y Salud y una actualización del cuadro de enfermedades profesionales que incluya patologías de sectores feminizados.

Sectores y territorios: construcción e industrias extractivas a la cabeza

El índice de incidencia total (accidentes por cada 100.000 trabajadores) se sitúa en 194,8. Pero hay sectores que disparan la estadística:

  • Industrias extractivas: presenta un índice de 431,9 (el más alto del periodo), con un total de 284 accidentes con baja en jornada. Pese a ser un sector donde la siniestralidad suele ser crítica, no registró accidentes mortales en este primer trimestre.
  • Construcción: registró 37 muertes en jornada en el primer trimestre, consolidándose como la actividad con más fallecidos. Su índice de incidencia es de 426,1 y acumula un total de 18.213 accidentes con baja.

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera la mortalidad con 30 muertes en jornada y un volumen total de 20.675 accidentes con baja. Le siguen Cataluña con 19 fallecidos (y 18.958 accidentes con baja) y la Comunidad de Madrid con 17 fallecidos (y 17.104 accidentes con baja). En el extremo opuesto, Illes Balears, Ceuta y Melilla registran cero fallecimientos en lo que llevamos de 2026.

Estas diferencias territoriales y sectoriales exigen planes de prevención específicos y una Inspección de Trabajo dotada de recursos suficientes. No se puede tolerar que la probabilidad de morir trabajando dependa de la comunidad autónoma en la que se viva o del sector al que se pertenezca.

Conclusión: la reforma debe responder

170 muertos en tres meses. 62 solo en marzo. 65 infartos. 37 trabajadores de la construcción fallecidos. 11 autónomos muertos. Un aumento de la siniestralidad femenina que nadie frena.
Familias rotas, puestos de trabajo que no se protegieron, evaluaciones de riesgo que fallaron, formación preventiva que fue un trámite. Y, sobre todo, muertes evitables.

Desde USO, venimos diciéndolo desde hace años: no basta con reconocer los riesgos psicosociales, el cambio climático o la perspectiva de género en una ley. Hacen falta herramientas vinculantes, prohibiciones automáticas, prioridad de los recursos propios de prevención y participación real para todos los sindicatos con implantación suficiente. La reforma de la LPRL que se está tramitando, y a la que USO ha presentado alegaciones concretas, no puede quedarse en una oportunidad perdida. Cada mes que pasa sin medidas efectivas, 62 familias dejan de ver volver a casa a quien salió a trabajar.