El Pleno del Tribunal Constitucional considera que se vulneró el derecho a huelga y que la empresa no puede tener margen amplio para determinar los mínimos

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dado la razón a USO al declarar que se vulneró el derecho fundamental a la huelga en los servicios mínimos fijados en los paros del personal de asistencia en tierra de Ryanair e Ihandling Aviation en 2022.

La sentencia, de 3 de noviembre de 2026, es el segundo éxito de USO ante el Pleno en esta materia. El primero fue la STC 62/2026, de 22 de septiembre, sobre la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair.

Anulación de la resolución de mínimos y acotar el margen empresarial para designarlos

El Constitucional ha anulado la resolución de servicios mínimos de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana así como la sentencia del Tribunal Supremo que la avaló. Por tanto, se avala la sentencia de la Audiencia Nacional que ya había dado la razón a USO.

USO impugnó la resolución de Transportes de 27 de octubre de 2022 porque consideraba que los servicios mínimos eran abusivos, excesivos e inmotivados. Denunció además que, en los días en que la huelga coincidía con la de los tripulantes de cabina, se aplicaban los mismos criterios, sin tener en cuenta las características propias del handling.

La Audiencia Nacional dio la razón a USO. El Tribunal Supremo revocó esa sentencia, aunque con votos particulares que respaldaban los argumentos del sindicato. USO recurrió en amparo ante el Constitucional, con el apoyo de la Fiscalía, y el Pleno ha confirmado la tesis sindical.

¿Qué dice el Tribunal Constitucional?

En primer lugar, quien decide los servicios mínimos tiene que ser una autoridad imparcial, no la empresa contra la que se convoca la huelga. Si la Administración deja en manos de la empresa un amplio margen para decidir qué personal debe trabajar, se vulnera el derecho de huelga.

Por otro lado, el Constitucional defiende que los servicios mínimos deben fijarse con claridad y precisión, con una motivación reforzada. Las partes pueden así conocer y contrastar los criterios empleados, y los jueces pueden revisar si el sacrificio del derecho es proporcionado.

La resolución de servicios mínimos debe definir con precisión qué actividad se protege y a qué trabajadores afecta la restricción del derecho de huelga. La empresa solo puede “complementar técnica o funcionalmente” esos servicios y ejecutarlos.

Para el Constitucional, dejar a la discrecionalidad de la empresa medidas que permitan alcanzar el funcionamiento normal “entra en abierta contradicción con la caracterización del servicio como mínimo”.

¿Qué puede cambiar a partir de ahora?

Estrella Zambrana, letrada de la Asesoría Jurídica de USO que ha defendido estos recursos, valora la sentencia como una reafirmación del pleno ejercicio del derecho fundamental de huelga. Del pronunciamiento del Tribunal puede desprenderse que las resoluciones de servicios mínimos ya no podrán limitarse a proteger un porcentaje de vuelos, servicios o frecuencias, y dejar en manos de la empresa la decisión de qué trabajadores los cubren. Tendrán que fijar el ámbito subjetivo de la restricción con criterios objetivos, explícitos y verificables.

El papel de la empresa queda acotado, es decir, completa y ejecuta los servicios mínimos, pero no decide a quién se le restringe el derecho de huelga ni puede adoptar medidas que permitan una actividad superior al mínimo.

En la práctica, se refuerza la posición de los sindicatos cuando convocan huelgas en servicios esenciales. Las resoluciones que se apoyen solo en referencias genéricas o que remitan a la empresa la concreción de la plantilla podrán ser impugnadas con esta doctrina.

Noticias relacionadas