En el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, USO exige garantizar sus derechos poniéndolos en el centro de las políticas públicas para acceder a una vejez digna con recursos y autonomía
De acuerdo con las proyecciones de población 2026-2076 del INE, el porcentaje de población de 65 años y más alcanzará el 30,9% de la población en 2076. Actualmente, este grupo de población se sitúa en el 21,1%. Es decir, en 50 años este grupo etario se incrementará en más de 9 puntos porcentuales, una de cada tres personas residentes en España podría tener 65 años o más en 2076.
Esta realidad evidencia la necesidad de implantar y reforzar políticas públicas integrales que contemplen el cambio en la configuración demográfica del país. Para ello es necesario implementar medidas en el corto, medio y largo plazo para poder configurar un esquema de protección social robusto que permita a todos los grupos de población vivir con dignidad y el acceso pleno a los derechos humanos.
La esperanza de vida al nacimiento en 2075 llegaría a los 87 años en los hombres y los 90 en las mujeres, incrementándose en 5,6 y de 3,5 años, respectivamente, respecto a la esperanza de vida actual.
A día de hoy, podemos atestiguar que España tiene más cifras de defunciones que de nacimientos. A partir de 2061 el INE estima que los nacimientos podrían comenzar a aumentar. Sin embargo, siempre estarían por debajo de las defunciones. La población nacida en España seguirá disminuyendo, por lo tanto, la migración juega un papel fundamental en la sostenibilidad del sistema económico y social del país. Es por ello, que debemos considerar todos estos factores y componentes estructurales para generar respuestas integrales y acordes a las necesidades de cada grupo de población, a fin de garantizar un enfoque interseccional y de derechos.
Garantizar el acceso a los derechos de las personas adultas mayores
En este día de reivindicación, alzamos la voz para recordar que garantizar el acceso a los derechos de las personas mayores no es un acto de caridad, sino un deber de justicia social e intergeneracional.
Llevamos años reclamando un Pacto de Estado sobre el Envejecimiento y denunciando las carencias estructurales del sistema. A día de hoy, muchas de las personas mayores siguen sobreviviendo en condiciones de precariedad, soledad y sin respaldo suficiente por parte de las instituciones públicas.
“En días pasados hemos presenciado el desahucio de Maricarmen, una mujer madrileña de 87 años, que ha sido expulsada del que ha sido su hogar por más de 50 años, situación que demuestra lo endeble del sistema de protección a grupos de población en situación de vulnerabilidad. Este caso nos demuestra la fragilidad del sistema de protección y la falta de compromiso político real de algunas administraciones e instituciones judiciales que privilegian los intereses particulares de acaparadores de vivienda antes que los derechos de la población. Es urgente transformar esta situación”, reflexiona Marino de la Rocha, responsable del Departamento de Jubilados y Pensionistas de la Unión Sindical Obrera (JUPEN-USO).
En este contexto, en este año queremos poner el foco en la urgencia de dotar de recursos reales a los pilares fundamentales que sostienen una vejez con la máxima calidad de vida:
- Blindaje de las pensiones frente a la precariedad: seguimos exigiendo que ninguna pensión quede por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), atajando especialmente la brecha de género que afecta a las mujeres mayores de manera desproporcionada.
- Sanidad y dependencia: es intolerable la falta de plazas residenciales públicas y exigimos atender a las necesidades con un déficit de más de 100.000 plazas. No podemos tolerar que las personas mayores no puedan acceder a una residencia digna, cerca de sus entornos sociales y familiares. Decimos no también a los graves retrasos en las valoraciones de dependencia que empujan el cuidado hacia la privatización, en caso de que la capacidad económica familiar lo permita, o bien, recayendo los cuidados en las familias y en la mayoría de los casos, en las mujeres. Y exigimos también servicios públicos sanitarios de calidad, porque es urgente reforzar los servicios de atención primaria y de geriatría además de una visión sanitaria acorde a las necesidades de pacientes y en atención a su sexo y rango de edad.
- Una sociedad inclusiva frente al edadismo y en el acceso a la vivienda: las personas mayores son un pilar activo de conocimiento, valores y cuidados. La digitalización forzosa y la excesiva burocracia de las administraciones públicas no pueden convertirse en un muro invisible de exclusión social. Además, se debe incorporar un enfoque de autonomía e independencia en la edad adulta. La vivienda debe estar garantizada, ser accesible y existir protección frente a desahucios. La vivienda es un bien social que debe ser garantizado a todas las personas. El edadismo en el acceso a la vivienda es palpable y necesitamos que se proteja a las personas mayores frente al riesgo de pobreza y/o exclusión social.
En este 1 de octubre, USO reafirma con firmeza su compromiso con las personas mayores y exigimos que la normativa se traduzca en condiciones de acceso a derechos de las personas mayores. Para ello necesitamos servicios públicos fuertes y condiciones económicas dignas. Hablar de envejecimiento autónomo, saludable y digno, sin garantizar los derechos básicos sería papel mojado. “España está envejeciendo, la pregunta es qué sociedad queremos construir para que vivir más años no signifique vivir con menos derechos”, añade de la Rocha.
USO reclama que el envejecimiento deje de abordarse únicamente como un reto demográfico y como una cuestión de derechos. Vivir más años debe significar también vivirlos con autonomía, seguridad económica, acceso a servicios públicos, cuidados y una vivienda digna. Porque una vejez digna no puede depender de la capacidad económica de cada persona ni de la comunidad autónoma en la que haya nacido o vivido.
